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Toma en Roca: piden expropiar tierras por haber sido donadas en la dictadura

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Hace un mes, un grupo familiar que tomó tierras en las áreas de Jujuy y Del Libertador anunció que propondrían un proyecto de adquisición de tierras para construir un barrio popular.

La Asociación Patriótica Tiro Federal, ha probado que es de su propiedad las tierras, sin embargo, en los últimos días, ha surgido una idea impulsada por vecinos y su abogado en donde alegan que el título de propiedad es "nulo" por haber sido refrendado el 22 de junio de 1976, a tres meses del inicio del golpe de Estado.

Según una escritura, que es parte de la prueba en la causa por usurpación, estas parcelas habían sido donadas al club Tiro Federal por el propio interventor militar del municipio en ese entonces, Marcelo Fernando Zarraga.

Con el documento notarial en mano, el abogado Miguel Angel Zeballos, quien representa legalmente a las familias, fue el portavoz de la denuncia pública, en el marco de la causa que se sigue en la Unidad Fiscal Temática N° 6.

"Cuando nos llega esa escritura, la analizamos y pudimos ver que esas tierras las donó Marcelo Fernando Zárraga, quien fue interventor del municipio en la última dictadura militar y condenado por delitos de lesa humanidad en 10 de octubre de 2019 por el tribunal oral federal de Neuquén", señaló el abogado, en el marco de los juicios de la Escuelita 6.

Zarraga fue un personaje muy importante para el plan de reorganización nacional. Usurpó el cargo de intendente el 24 de marzo de 1976 a través de un acta que protocolizaba sus funciones, ese acta es del día 24 de marzo y está asentado en la misma escritura”, aportó el asesor legal de los ocupantes.

A partir de este documento, aseguran que esa operación debe ser considerada “nula” considerando que “este acto jurídico no tiene valor, porque lo llevó a cabo un usurpador”, argumentó el abogado.

La donación (de las tierras) es nula por donde se mire, la realizó un genocida y usurpador”

Miguel Zeballos, asesor legal de las familias de la toma

Zeballos recordó que los vecinos “no están en contra de la Asociación Patriótica”, pero en este caso no están dadas las condiciones para que la justicia proceda al desalojo de las familias, basándose en artículo 118 del Código Procesal Penal de Río Negro. Explicó que desde lo procesal, uno de los requisitos es que haya “verosimilitud del derecho” y según sostiene el abogado, la escritura da cuenta de que no la tiene.

Por otro lado, dijo que no se está garantizando el derecho a vivienda y todos los derechos humanos que corresponden, dijo citando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y recordó el antecedente del fallo Bagliani del año 2011, resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Con estos elementos, y mientras avanza la investigación, los vecinos piden que las tierras sean expropiadas para que pasen a manos del municipio y para eso van a presentar un proyecto ante los concejales de Roca.

Proponen que la parcela se convierta en un barrio, que no solo atienda la necesidad habitacional de estas familias, sino que también “reivindique a los y las desaparecidos y torturados en la última dictadura”, dijeron luego de presentar su hallazgo.

La idea de los vecinos es construir un barrio al que llamarán “Esperanza” y ya comenzaron a avanzar con un proyecto de loteo que incluye una huerta y un centro comunitario.

No corresponde:
Jorge Mosquera, presidente de la Asociación Tiro Federal, fue consultado sobre este tema. Si bien reconoció que la escritura fue suscrita por el interventor militar, aclaró que las tierras habían sido gestionadas desde mucho tiempo antes y que «la sesión fue aprobada por el entonces Concejo Deliberante» y es por esto que “no corresponde” el nexo con la dictadura militar.

Asociar el momento de la firma de la escritura, al accionar de la dictadura del ’76 no corresponde

Jorge Mosquera, presidente Comisión Directiva Club Tiro Federal

Cabe recordar que cuando se inició la toma, el 15 de junio pasado, desde la Asociación Patriótica realizaron una denuncia policial en la Comisaría 31 que derivó luego en una causa judicial.

Desde la Asociación, días atrás habían hecho sus reclamos a la justicia por falta de celeridad para llevar adelante el desalojo, ante este medio.

Aislamiento social
La parte demandada, los vecinos de la toma, sumaron un punto más al problema, que radica en la imposibilidad de cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el marco de la Emergencia por el coronavirus.

¿Pueden 18 personas viviendo en una casa hacer el aislamiento social?”, se preguntó el asesor legal de las familias. “¿Y sin agua ni gas?”, analizó y concluyó de que el riesgo de transmitir el covid en estas condiciones es muy alto, lo que infiere un punto más para hacer oír sus reclamos habitacionales.

“Acá hay familias desocupadas, viviendo en hacinamiento, niños y adolescentes. Hay familias viviendo en precariedad”, caracterizó y ejemplificó con casos particulares, como el de un hombre que vive en un auto o casos de personas que sufren discapacidades.

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