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Transporte en Roca: UTA se moviliza y desafía el proyecto municipal

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La crisis que dejó a Roca sin transporte público parece lejos de resolverse. Incluso a pesar del anuncio que hizo el municipio el fin de semana, revelando que lanzará un servicio propio, con cinco líneas que conectarán los barrios con el centro.

El eje del conflicto está en la disputa entre el gobierno local y la Unión Tranviarios Automotor. El gremio que nuclea a los trabajadores del sector se movilizará esta mañana por las calles de la ciudad, dejando en claro su rechazo a las alternativas que aparecieron hasta el momento para reactivar las prestaciones.

El vínculo entre la intendenta, María Emilia Soria, y el secretario general del sindicato, Ángel Rubio, nunca fue bueno. Pero en las últimas semanas las diferencias se profundizaron. Fuentes con injerencia en el tema contaron incluso cuentan que la última reunión entre ambos terminó con el dirigente saliendo del primer piso del municipio a los gritos.

Desde el gobierno local intentaron encauzar la situación a través del titular de la UTA a nivel nacional, Roberto Fernández. Pero fue poco lo que pudo hacer ese referente, que enfrenta también las internas de un gremio con varios focos de conflicto a lo largo y ancho del país.

El aliento que dieron desde el Ejecutivo roquense a los empleados de 18 de Mayo para que conformen una cooperativa fue el punto de inflexión para que el sindicato decidiera salir a manifestarse.

Con su influencia en riesgo, la dirigencia regional del gremio buscó desalentar la idea cooperativista que había tentado a varios de los trabajadores.

Así fue como aparecieron públicamente, por primera vez en dos meses, las divisiones entre los choferes, mecánicos y administrativos que formaron parte de la concesionaria del servicio hasta mayo pasado.

Cuando detectaron esas rupturas, desde el gobierno entendieron que el plan de salvataje alentado debía clausurarse, para pasar rápido a otra fase.

Así fue como se activó el concurso de precios que este miércoles tendrá la apertura de sobres, para alquilar entre seis y ocho colectivos, que serán manejados por choferes del mismo municipio.

“No podemos esperar más. Evaluamos todas las opciones. Dialogamos con todos los interesados y nos pusimos a disposición de los trabajadores de la ex concesionaria para ayudarlos a empezar un nuevo camino, pero notamos que hay diferencias importantes entre ellos y la ciudad tiene a muchos usuarios esperando una respuesta”, explicó Soria.

La mandataria aclaró . se trata de una medida de contingencia, que se aplicará mientras dure la pandemia y hasta que el escenario permita firmar un contrato a largo plazo con una empresa. En ese sentido, detalló que, entre las tres negociaciones abiertas a fines de mayo, el diálogo con Pehuenche y con Vía Bariloche avanzó más que el entablado con Autobuses Santa Fe.

El paso final para la firma de un contrato no es sencillo, porque implica resolver la situación de los actuales trabajadores de 18 de Mayo.

Buscamos muchas opciones. Hasta gestiones con Anses hicimos, porque nos dimos cuenta de que hay 11 empleados de la ex concesionaria que ya deberían estar cobrando una jubilación. Ofrecimos la incorporación de algunos a la planta municipal, porque hay mecánicos nuestros que se están jubilando también. Pero a pesar de todo, nunca hay conformidad del gremio. Por eso decidimos avanzar con el servicio de contingencia, con choferes del municipio, hasta poder llegar a una solución”, explicó la mandataria.

¿Cuántos sueldos y cuántos trabajadores?
Desde que empezó el conflicto, siempre se habló de “los 82 trabajadores de 18 de Mayo”.

Ahora bien, ¿es realmente esa la cifra de empleados a “rescatar” ante los posibles despidos que aparecen en el nuevo escenario?

Desde el municipio admitieron el fin de semana que se sorprendieron cuando recibieron los listados de salarios que pagaba la empresa. Esa nómina fue solicitada luego de recibir el último subsidio provincial, que permitió cancelar los haberes de mayo.

En el gabinete local advirtieron que varios directivos de la ex concesionaria también percibían una remuneración mensual.

Las fuentes consultadas indicaron que se preguntó a los propios trabajadores en conflicto si sabían de esa situación y si no pensaban interponer ningún recurso para que el dinero que enviaba el Estado para sus salarios también llegue a personas a quienes supuestamente les estaban reclamando respuestas sobre sus futuros laborales.

“Nos dijeron que sabían y que no tenían problemas, así que se pagó a la nómina completa”, indicaron desde el Ejecutivo.

Por lo tanto, desde el gobierno advirtieron que los trabajadores en riesgo de perder su fuente laboral no son 82, porque además de los “socios gerentes” hay otros 11 empleados que ya deberían estar jubilados y por ellos ya se hicieron gestiones en Anses.

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