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Desde el gobierno aseguran que el aumento del agua será «paulatino»

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El gobierno rionegrino salió al cruce de la información sobre el fuerte aumento en la tarifa del servicio de aguas y cloacas y, si bien no negó el impacto: 57%, aclaró que no se aplicará en un solo tramo y será paulatino.

En ese sentido el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, señaló que «si bien la Ley N° 5292 contempla cada cuatro meses redeterminaciones destinada a cubrir los mayores costos externos asociados a las tarifas de los servicios de agua potable y desagües cloacales, el Gobierno no aplicará esta medida en su plenitud, sino que será paulatinamente».

Agregó que «de acuerdo a lo estipulado por la autoridad de aplicación, corresponde una revisión tarifaria del orden del 57%, pero teniendo en cuenta la actual situación socioeconómica, el Gobierno ha decidido que dicha actualización se realizará en forma progresiva con el correr de los meses, de manera tal de evitar un impacto mayor en la economía de los hogares rionegrinos».

Sobre el tema la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, solicitó al DPA dejar sin efecto la medida, mediante una nota enviada el titular del organismo, Fernando Curetti.

Además, el bloque del Frente de Todos presentó un proyecto de comunicación en rechazo a la suba del servicio, afirmando que “en el momento que estamos pasando un aumento como el dispuesto no hace más que poner en riesgo la subsistencia de miles de PyMEs”, y “también golpea a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. Así, se opuso en “forma absoluta los sistemáticos aumentos de tarifas del servicio de agua potable y cloacas” que el DPA pretende aplicar sobre el conjunto de los usuarios.

Además, desde el bloque se recordó que en mayo se envió a la Legislatura un proyecto de ley para que no se aplicaran aumentos hasta fin de año en tarifa del servicio de agua y cloaca en la provincia.

Por su parte, la Defensora Santagati consideró que el dictado de la Resolución del DPA, no ha tenido en cuenta la gravísima situación socio–económica que atraviesa el universo de usuarios como resultado, fundamentalmente, de la pandemia por el covid 19.

«Sabido es que, con motivo de la emergencia sanitaria, las autoridades nacional y provincial han adoptado, entre otras, medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que se han extendido por varios meses, continuándose luego con prácticas de distanciamiento y reducción de actividades que han afectado severamente la matriz económica y productiva del país», indicó Santagati.

Para la defensora «en ese contexto de retracción de la actividad económica, pérdida de fuentes de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas y reducción generalizada del poder adquisitivo de la ciudadanía, la aplicación de un aumento en la tarifa de un servicio público esencial, como es el del agua y saneamiento, no sólo resulta inoportuno, sino directamente violatorio de los principios jurídicos que disciplinan su funcionamiento».



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