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En pandemia, la interrupción legal del embarazo se garantiza en centros de salud de Roca

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Según registros oficiales, hubo un aumento en relación al año pasado pese a las dificultades en la provisión de misoprostol y anticonceptivos.

Médicos y médicas, trabajadores de servicio social y de administración de cinco centros de atención primaria de Roca integran la Red de Acceso ILE que garantiza el acceso a la salud sexual y reproductiva, durante el aislamiento.

Esta forma de trabajo permitió que, en lo que va del año, se realizaran 73 interrupciones legales del embarazo en la ciudad. La mayoría, se concretó dentro del primer trimestre de gestación a partir de la atención en los puestos sanitarios de los barrios 250 Viviendas, Chacramonte, J.J. Gómez, La Rivera, Mosconi o en la oficina de Trabajo Social en el Hospital Francisco López Lima.

La cuarentena obligó a reorganizar los equipos y dar respuesta a la demanda. Los profesionales del primer nivel de atención han estado sumamente atareados porque en ellos recayó la mayor parte de la atención de la pandemia, cubren los centros de salud, la guardia y los consultorios respiratorios. Así lo cuentan Patricia Báez, jefa del servicio de Trabajo Social del hospital Francisco López Lima, y Julio Fernández, médico generalista del centro de salud de Chacramonte.

En nuestro país, desde 1920 existe la interrupción legal del embarazo por causales. Así lo establece el artículo 86 del Código Penal y refrendado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como fallo FAL. Las causales son: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o que haya sido producto de una violación. Desde 2012, la provincia de Río Negro, cuenta con la ley 4796 que regula y controla la asistencia sanitaria estos casos.

El Centro de Salud de Chacramonte integra la Red de Acceso ILE. Foto Juan Thomes.

En este marco, el circuito de atención de ILE en pandemia en la ciudad sigue el protocolo indicado por el ministerio de Salud de la Nación y la ley provincial. Primero se pide la ecografía; si la gestación es menor a 12 semanas se deriva al centro de salud más cercano al lugar donde vive la mujer. Es el médico quien hace la evaluación, indica la práctica -que es ambulatoria y con medicación (misoprostol)-, hace el seguimiento y el control posterior.

Para las mujeres que necesitan una ILE y tienen más de 12 semanas de gestación, el protocolo indica su internación en el servicio de Ginecología del hospital.

“El problema”, dijo Báez, “es que todo el servicio es objetor de conciencia, menos un médico que actualmente no está trabajando. Ese es el cuello de botella que tenemos: si llega una mujer en estas condiciones no tenemos prestador dentro del sistema de salud local”.

El acceso a la ILE se encuadra en una dimensión social de la salud, bajo un concepto amplio que contempla no sólo lo físico sino también lo emocional. “Desde ese lugar, el no deseo es en sí mismo una causal. La premisa fundamental es el respeto a la autonomía, y en base a eso organizamos el acceso a la práctica lo más rápido posible lidiando con obstáculos institucionales, desde la faltante de la medicación hasta alguna limitante en el acceso a la ecografía”, aseguró Báez.

Las mujeres que vienen a buscar su derecho a la ILE en la pandemia nos han demostrado que cuando deciden interrumpir un embarazo lo hacen. Las instituciones tienen que ponerse a la altura. El mensaje es fuerte para la política sanitaria, se requiere de mayor organización, de mayor fuerza»

Patricia Báez, licenciada en trabajo social.

Reconocen que la demanda de ILE durante la pandemia los superó. Hoy tienen el mismo número con el que terminaron el año pasado. Lejos de haber disminuido con la pandemia, aumentó.

Según registros, en lo que va del año contabilizaron 73 mujeres que accedieron a ILE cuando el año pasado terminaron con 78. Solamente cuatro, necesitaron del servicio del segundo nivel”, precisó Báez.

Cuando las ILEs se garantizan en el primer trimestre significa que “las mujeres están llegando más rápido al sistema porque hay una buena difusión y sensibilización” y “hay equipo de salud organizado en el nivel primario para dar respuesta”. Además, no se satura el sistema de salud en la pandemia porque la atención es ambulatoria. “Tratamos de hacerlo de la mejor forma, pero nos hace falta apoyo ministerial, que se lo tome como una política sanitaria importante, que haya campañas concretas. Estamos un poco débiles en ese punto, nos estamos quedando cortos”, advirtió Fernández.

Nos falta esa pata institucional y de política ministerial que le dé impronta, nosotros estamos para estas cuestiones. Una mujer que no encuentra opción o tiene trabas lo va a buscar por otro lado, poniendo en riesgo su vida”.

Julio Fernández, médico generalista.

En relación a la provisión de misoprostol coincidieron en que no es continua. “Muchas veces, se indica el medicamento, pero después en la farmacia del hospital no está. Hacemos el reclamo, pero tendría que estar en stock. Este año lo manda Nación, no debería haber interrupciones. Un bache en el circuito de interrupción es dilatar la práctica y exponer a la mujer a correr más riesgos”, apuntó Báez.

De manera similar, el acceso a la anticoncepción se ha visto bastante debilitado. Fernández consideró que hay temor de acercarse al centro de salud y por eso se deben reforzar las campañas.

Foto Juan Thomes.

Según los registros, la mayoría de las mujeres que accedió a la práctica usaban algún método anticonceptivo que falló por un uso inadecuado o por fluctuaciones en la provisión.

“Por el temor a la pandemia, muchas mujeres dejaron de asistir al control y a la consulta por anticoncepción. Por eso es importante que se acerquen a los centros de salud a buscar su método anticonceptivo: inyectables, vía oral, preservativos, DIU e implante subdérmico. La anticoncepción de emergencia está disponible siempre por guardia. No hace falta consulta médica”, reforzó.

Después que la mujer accede a la práctica se realiza el control post ILE. Lo ideal es que la mujer se vaya de la consulta con el método anticonceptivo más adecuado y que ella pueda elegirlo. Allí termina para el círculo, dándole a las mujeres todas las herramientas que sean necesarias.

Profesionales de la salud y de Trabajo Social integran la red. Foto Juan Thomes.

En los centros de salud, también hay objetores de conciencia, pero no son negadores de la práctica. Tienen que indicar la ecografía, brindar información y derivar a Trabajo Social.

“A algunos les cuesta más, otros lo hacen fácilmente; aun cuando son objetores no son obstructores”, destacaron. Ambos son críticos de que sigan ingresando al sistema profesionales que sean objetores. «La objeción de conciencia debería ser una condición de acceso al sistema de salud público, sobre todo en la atención primaria”, dijo Fernández.

Desde el hospital: «la objeción de conciencia no debe ser un problema»

Para Rosana Segura, médica ginecóloga del Hospital Francisco López Lima, la pandemia “va a terminar arrasando un sistema de salud que si bien tenía dificultades daba respuestas”. Coincidió en que la pandemia ha desestructurado la atención a nivel hospitalario por lo que hoy la prioridad son las embarazadas. “No sólo se resintió la salud sexual y reproductiva, sino que también tenemos demora en el diagnóstico y el tratamiento de patologías severas como las oncológicas”, dijo.

Aseguró que las pacientes tienen temor a la consulta y se les hace difícil el acceso a los sistemas de salud, tanto públicos como privados por la gran circulación comunitaria del virus en la ciudad. «No se están haciendo cirugías programadas, como la ligadura tubárica, y también hay dificultad en la provisión de anticoncepción.

No sólo se resintió la salud sexual y reproductiva, sino que también tenemos demora en el diagnóstico y el tratamiento de patologías severas como las oncológicas”.

Rosana Segura, médica ginecóloga del Hospital Francisco López Lima.

Segura indicó que, en este contexto, la accesibilidad a las ILEs “está afectada” pero que, hasta el momento, el hospital “ha asegurado el recurso humano y material como lo establece la ley” 4796. Aclaró que según la norma no es una potestad del ginecólogo participar de la ILE, sino que cualquier médico o auxiliar de la salud puede hacerlo.

Respecto de la objeción de conciencia, consideró “de ninguna manera debe ser un problema”. “Eso sería como criticar al que con convicciones no cree lo mismo que el de al lado. Aceptar el pensamiento distinto, fundado en cuestiones éticas, hablaría de la madurez de una sociedad, tanto para un lado como para el otro”, opinó.

Falta acceso a ILE en el segundo trimestre

Carla Hernández, integrante de Socorristas en Red en Roca (Maleducadas Kisulelaiñ), precisó que desde el inicio de la cuarentena y hasta la fecha realizaron 125 entrevistas para dar información sobre interrupción del embarazo de manera segura en Roca, Allen y Cervantes.

Confirmó que se están garantizando ILEs del primer trimestre en los centros de salud que, si bien están alejados del centro y de los barrios más populosos, son los que atienden la demanda.

Una de las mayores dificultades, que se profundizó en el contexto de la pandemia, es la falta de acceso a interrupciones en el segundo trimestre. “Por protocolo estas interrupciones deben realizarse en el segundo nivel donde todos los profesionales del servicio de ginecología del hospital local son objetores”, aseguró.

“Esta situación afecta a nivel zonal”, afirmó. En el último relevamiento que hicieron detectaron que no hay acceso a ILEs en segundo trimestre en todo el Alto Valle, Catriel y Valle Medio”. Debería garantizarse la derivación, según indica el protocolo, y “las opciones posibles son Bariloche o Viedma».

No hay acceso a ILEs del segundo trimestre en todo el Alto Valle, Catriel y Valle Medio”. Debería garantizarse la derivación, según indica el protocolo, y “las opciones posibles son Bariloche o Viedma».

Carla Hernández, integrante de Socorristas en Red en Roca (Maleducadas Kisulelaiñ).

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Regional Patagónica, consideraron que esta situación se repite en la región y ya alertaron a las autoridades sanitarias de la Nación y las provincias. Reconocieron que la dificultad del segundo trimestre es histórica, pero resultó agravada por la pandemia.

Las consultas por ILEs en el segundo trimestre “son muy frecuentes en embarazos forzados en niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual”, recordaron, “donde el ocultamiento de esas dolorosas vivencias condiciona la consulta tardía y es incuestionable la necesidad de poder garantizar una ILE en estas situaciones”.

Acceso a ILEs en Roca

  • 73 ILEs se realizaron en Roca en lo que va del año (de enero al 15/09)
  • 69 fueron a partir de la atención en los centros de salud y corresponden al primer trimestre de gestación. Sólo 4 en el hospital, del segundo trimestre.
  • 78 ILEs se realizaron en todo el 2019.

Causales

  • La mayoría fue por riesgo de vida o peligro para la salud de la mujer. No hubo causal de violación.


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