La noticia causó impacto entre los vecinos de Roca. Es que mientras estaban el plena vigencia las medidas sanitarias por la pandemia, en una vivienda de barrio Belgrano se estaba desarrollando una partida de póker de la que participaban varias personas.

Una denuncia anónima alertó a la policía por lo que tras la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) se ordenó un allanamiento donde se detectó el funcionamiento de un casino clandestino.

Tras el procedimiento de la Brigada de Investigaciones, sólo el propietario de la vivienda quedó ligado a la causa donde además del delito por el funcionamiento ilegal de la casa de juegos también se le imputaron otro por la violación a las restricciones impuestas por el gobierno Nacional por el Covid-19.

Sólo por el manejo de la mesa de juegos, el organizador estaba expuesto a recibir una pena que va desde los 3 a los 6 años, según establece el Código Penal en su artículo 301 (bis).
El operativo había generado una importante repercusión en los medios de comunicación teniendo en cuenta que todavía estaban en plena vigencia las medidas para impedir la propagación de la pandemia.

Clandestino

Tras la formulación de cargos, finalmente la defensa de Wálter Gastón González (43) -el único imputado en la causa- alcanzó un acuerdo judicial tras reconocer los delitos que se le imputaban.
De esa manera logró evitar un proceso en el cual podría haber sido condenado a una pena de prisión efectiva, según explicaron fuentes judiciales consultadas por este medio.

El abogado Oscar Pineda reconoció que su defendido accedió al beneficio de la suspensión de juicio a prueba (por un año) tras un acuerdo alcanzado con el Ministerio Público Fiscal.
“Mi cliente reconoció los delitos que se le imputaban entre los que también se encontraba la violación a las medidas santarias que se habían impuesto en ese momento por el Covid-19”, dijo el letrado.

El acuerdo se extenderá por un año y también se le impuso a González una multa de 10.000 pesos.
Por el funcionamiento de la mesa de juego le fijron el pago de una suma de 6.000 pesos, en tanto que la violación a las medidas sanitarias vigentes se sacordó el pago de una suma de 4.000 pesos.