La jueza a cargo del Juzgado Civil N° 1 de Roca, Agustina Naffa, dictó una resolución estableciendo un plazo de dos meses para finalizar las gestiones necesarias que permitan llevar a cabo el desalojo pacífico del predio donde opera la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo y trasladar el aserradero a un nuevo terreno.

A pesar de que la sentencia de desalojo está firme desde el 2019, la complejidad del caso ha llevada que se opte por un procedimiento especial que evite llegar a un desalojo por la fuerza pública. Desde 2019 se han llevado a cabo acciones coordinadas entre las partes involucradas y diversos organismos públicos, sin lograr resolver el conflicto.

La jueza Civil ha establecido en su resolución que antes del 1 de octubre se deben completar varias tareas pendientes, con el fin de cumplir con la sentencia firme y lograr un cierre consensuado del proceso judicial. De lo contrario, el procedimiento avanzará hacia un desalojo forzoso.

La resolución establece responsabilidades para todas las partes involucradas, a cumplir dentro del plazo establecido:

– El Estado Provincial “de conformidad con los compromisos asumidos en la mediación comunitaria”, deberá arbitrar “todos los mecanismos y medida conducentes a fin de que, en el plazo acordado, se haga efectivo el acompañamiento económico y financiero a la Cooperativa, para que -al vencimiento del plazo acordado- los trabajadores desalojen el predio sito en Alsina 2900”. Naffa asignó responsabilidad “en forma personal” para el cumplimiento de este punto “a las personas a cargo de los Ministerios de Gobierno, de Seguridad y Justicia y de Desarrollo y Articulación Solidaria de de la Provincia de Río Negro y a los organismos a su cargo”.

– La Cooperativa 1° de Mayo deberá arbitrar “todos los medios necesarios para efectivizar la orden de desalojo del inmueble, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial”. La Naffa definió que “en caso de no desocuparse el predio en el plazo acordado, se ordenarán todas las medidas conducentes para hacerlo efectivo por la fuerza pública”, respetando siempre las pautas de derecho internacional de los Derechos Humanos que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

– En un plazo de 5 días la Cooperativa deberá informar concretamente sobre “los avances en los proyectos de obra para la construcción del aserradero” nuevo, que se instalará en un predio del Parque Industrial II aportado por el Municipio de Roca. El asesoramiento técnico para esa obra fue aportado por el área de Arquitectura del Ministerio de Gobierno provincial. En el mismo plazo la Cooperativa deberá presentar un inventario de los instrumentos de trabajo y otros bienes materiales que se encuentran en el aserradero y que pertenecen a la Cooperativa.

– El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) tendrá un plazo de 10 días para informar sobre el financiamiento económico o cualquier tipo de ayuda que pueda otorgar a la Cooperativa “para el traslado de la maquinaria y la instalación del nuevo aserradero”. Para eso, la jueza ordenó notificar directamente a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, de la cual depende el organismo.

– El demandante, quien ya cuenta con la sentencia favorable de desalojo firme y ha solicitado reiteradamente su cumplimiento, deberá informar sobre “la factibilidad de colaborar con el traslado de materiales de la Cooperativa, maquinarias y tinglado necesarios para el nuevo aserradero”, teniendo en cuenta “la buena predisposición y colaboración demostrada a lo largo del proceso”.

– Todas las personas e instituciones involucradas en el proceso judicial deberán informar al Juzgado, cada 15 días, “sobre el cumplimiento de las medidas e informes solicitados”.

– La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro tendrá a su cargo “el seguimiento y control del cumplimiento de todo lo aquí acordado”.

Fundamentos

Para fundamentar la concesión de un plazo final de dos meses, la jueza analizó los derechos “en tensión” que aparecen en el caso.

En primer lugar, dijo, “no se pueden desconocer los derechos constitucionales del actor, quien ha obtenido una sentencia firme pasada a autoridad de cosa juzgada, con protección constitucional”.

Por otro lado, indicó que “la Cooperativa 1° de Mayo está conformada por un conjunto de trabajadores que tanto la Constitución Nacional como Tratados con igual jerarquía han considerado como “sujeto de preferente tutela”, enfatizándose las obligaciones estatales y el deber de proveer recursos para garantizar derechos a esos colectivos históricamente desaventajados”.

Luego valoró el “fuerte compromiso con el cooperativismo” que surge de leyes provinciales “reconociendo su función económica y social, en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente de trabajo y ocupación”.

“Expuestos los derechos que se encuentran en tensión en este proceso, resta definir cómo se implementará el desalojo del predio que ocupa la Cooperativa. La respuesta a tal dilema debe realizarse a la luz de los valores de nuestra sociedad democrática, con un fuerte compromiso con la diversidad, el pluralismo, la tolerancia y el rechazo a la violencia”, explicó.

Así, la jueza asignó un plazo final para poder articular el desalojo pacífico y destacó que el uso de la fuerza pública es el último recurso del ordenamiento jurídico.