En un fallo contundente, la Cámara Civil de Roca determinó que un empresario, residente de Chubut, que habría demandado a un diario de la provincia de Río Negro por daños y perjuicios deberá asumir la totalidad de los gastos judiciales, tras considerarse que su acción legal fue «injustificada».

La controversia surgió a raíz de una publicación que vinculaba al empresario con presuntos actos de corrupción en contrataciones con el Estado. El demandante había alegado que el medio de comunicación había perjudicado su reputación al asociarlo injustamente con prácticas delictivas. Sin embargo, un fallo de primera instancia rechazó la demanda, argumentando que la información divulgada por el diario estaba respaldada por una denuncia válida y tenía un claro interés público. Además se destacó el periódico no lo había implicado directamente en ningún delito y había citado sus fuentes en todo momento, dando cuenta de que ninguna información era falsa.

La sentencia inicial explicó que el diario no inventó la historia que implicaba directamente al empresario en una maniobra criminal, sino que simplemente informó sobre las denuncias presentadas ante organismos de investigación. Aunque las investigaciones no concluyeron con ninguna responsabilidad personal del empresario, el fallo destacó la importancia de la denuncia y la relevancia del tema para el interés general.

La jueza de primera instancia subrayó que la publicación no presentó al presidente de la empresa como protagonista de las presuntas maniobras delictivas, sino que se centró principalmente en funcionarios públicos y en el gerente de la empresa, identificando al demandante solo como el presidente de la firma.

Desde la defensa del acusado, se argumentó que la información difundida tuvo lugar durante una «pésima relación» entre la demandada y el gobierno provincial, relacionada con el manejo de la «pauta publicitaria». Se sostuvo que la utilización de noticias sobre la «corrupción del poder» fue una herramienta para presionar al gobierno y cambiar su actitud.

Agregaron que, durante tres días, la cobertura periodística se centró en «títulos catastróficos», noticias de portada e información abundante dirigida a convencer a los lectores de que la «corrupción» se había infiltrado en el gobierno provincial, involucrando al acusado. Además destacaron que se habría hecho uso publicó una fotografía del rostro del acusado sin su consentimiento.

La defensa indicó que después de esos tres días intensos de publicaciones acusatorias, la relación con el Gobierno Provincial se restableció. Se argumenta que una vez logrado el objetivo de influir en la postura del gobierno, la atención del periódico sobre el tema desapareció abruptamente. La defensa criticó el cambio repentino en la cobertura, señalando que ni siquiera informaron a los lectores sobre el sobreseimiento del acusado en la causa penal y el archivo de la causa administrativa.

Sin embargo, la sentencia dictaminó que la demanda debía ser rechazada y que las costas del proceso debían ser impuestas al demandante. Además, se reguló el monto de los honorarios de los abogados involucrados en el caso.

Al llegar a la Cámara para discutir el pago de las costas del proceso, los jueces resaltaron la profesionalidad y responsabilidad del medio de comunicación en su labor periodística. Consideraron que la acción legal del empresario fue «injustificada», ya que la información divulgada tenía un claro interés público y estaba respaldada por denuncias válidas.

La Cámara concluyó que el empresario deberá asumir todas las costas del juicio y destacó el «especial interés público de la información y de la actividad periodística en este tipo de temas». Además, resaltaron la necesidad de una mayor tolerancia a la exposición pública para aquellos que tienen tratos con el Estado o reciben fondos y bienes públicos.

En un fallo contundente, la Cámara Civil de Roca determinó que un empresario, residente de Chubut, que habría demandado a un diario de la provincia de Río Negro por daños y perjuicios deberá asumir la totalidad de los gastos judiciales, tras considerarse que su acción legal fue «injustificada».

La controversia surgió a raíz de una publicación que vinculaba al empresario con presuntos actos de corrupción en contrataciones con el Estado. El demandante había alegado que el medio de comunicación había perjudicado su reputación al asociarlo injustamente con prácticas delictivas. Sin embargo, un fallo de primera instancia rechazó la demanda, argumentando que la información divulgada por el diario estaba respaldada por una denuncia válida y tenía un claro interés público. Además se destacó el periódico no lo había implicado directamente en ningún delito y había citado sus fuentes en todo momento, dando cuenta de que ninguna información era falsa.

La sentencia inicial explicó que el diario no inventó la historia que implicaba directamente al empresario en una maniobra criminal, sino que simplemente informó sobre las denuncias presentadas ante organismos de investigación. Aunque las investigaciones no concluyeron con ninguna responsabilidad personal del empresario, el fallo destacó la importancia de la denuncia y la relevancia del tema para el interés general.

La jueza de primera instancia subrayó que la publicación no presentó al presidente de la empresa como protagonista de las presuntas maniobras delictivas, sino que se centró principalmente en funcionarios públicos y en el gerente de la empresa, identificando al demandante solo como el presidente de la firma.

Desde la defensa del acusado, se argumentó que la información difundida tuvo lugar durante una «pésima relación» entre la demandada y el gobierno provincial, relacionada con el manejo de la «pauta publicitaria». Se sostuvo que la utilización de noticias sobre la «corrupción del poder» fue una herramienta para presionar al gobierno y cambiar su actitud.

Agregaron que, durante tres días, la cobertura periodística se centró en «títulos catastróficos», noticias de portada e información abundante dirigida a convencer a los lectores de que la «corrupción» se había infiltrado en el gobierno provincial, involucrando al acusado. Además destacaron que se habría hecho uso publicó una fotografía del rostro del acusado sin su consentimiento.

La defensa indicó que después de esos tres días intensos de publicaciones acusatorias, la relación con el Gobierno Provincial se restableció. Se argumenta que una vez logrado el objetivo de influir en la postura del gobierno, la atención del periódico sobre el tema desapareció abruptamente. La defensa criticó el cambio repentino en la cobertura, señalando que ni siquiera informaron a los lectores sobre el sobreseimiento del acusado en la causa penal y el archivo de la causa administrativa.

Sin embargo, la sentencia dictaminó que la demanda debía ser rechazada y que las costas del proceso debían ser impuestas al demandante. Además, se reguló el monto de los honorarios de los abogados involucrados en el caso.

Al llegar a la Cámara para discutir el pago de las costas del proceso, los jueces resaltaron la profesionalidad y responsabilidad del medio de comunicación en su labor periodística. Consideraron que la acción legal del empresario fue «injustificada», ya que la información divulgada tenía un claro interés público y estaba respaldada por denuncias válidas.

La Cámara concluyó que el empresario deberá asumir todas las costas del juicio y destacó el «especial interés público de la información y de la actividad periodística en este tipo de temas». Además, resaltaron la necesidad de una mayor tolerancia a la exposición pública para aquellos que tienen tratos con el Estado o reciben fondos y bienes públicos.

En un fallo contundente, la Cámara Civil de Roca determinó que un empresario, residente de Chubut, que habría demandado a un diario de la provincia de Río Negro por daños y perjuicios deberá asumir la totalidad de los gastos judiciales, tras considerarse que su acción legal fue «injustificada».

La controversia surgió a raíz de una publicación que vinculaba al empresario con presuntos actos de corrupción en contrataciones con el Estado. El demandante había alegado que el medio de comunicación había perjudicado su reputación al asociarlo injustamente con prácticas delictivas. Sin embargo, un fallo de primera instancia rechazó la demanda, argumentando que la información divulgada por el diario estaba respaldada por una denuncia válida y tenía un claro interés público. Además se destacó el periódico no lo había implicado directamente en ningún delito y había citado sus fuentes en todo momento, dando cuenta de que ninguna información era falsa.

La sentencia inicial explicó que el diario no inventó la historia que implicaba directamente al empresario en una maniobra criminal, sino que simplemente informó sobre las denuncias presentadas ante organismos de investigación. Aunque las investigaciones no concluyeron con ninguna responsabilidad personal del empresario, el fallo destacó la importancia de la denuncia y la relevancia del tema para el interés general.

La jueza de primera instancia subrayó que la publicación no presentó al presidente de la empresa como protagonista de las presuntas maniobras delictivas, sino que se centró principalmente en funcionarios públicos y en el gerente de la empresa, identificando al demandante solo como el presidente de la firma.

Desde la defensa del acusado, se argumentó que la información difundida tuvo lugar durante una «pésima relación» entre la demandada y el gobierno provincial, relacionada con el manejo de la «pauta publicitaria». Se sostuvo que la utilización de noticias sobre la «corrupción del poder» fue una herramienta para presionar al gobierno y cambiar su actitud.

Agregaron que, durante tres días, la cobertura periodística se centró en «títulos catastróficos», noticias de portada e información abundante dirigida a convencer a los lectores de que la «corrupción» se había infiltrado en el gobierno provincial, involucrando al acusado. Además destacaron que se habría hecho uso publicó una fotografía del rostro del acusado sin su consentimiento.

La defensa indicó que después de esos tres días intensos de publicaciones acusatorias, la relación con el Gobierno Provincial se restableció. Se argumenta que una vez logrado el objetivo de influir en la postura del gobierno, la atención del periódico sobre el tema desapareció abruptamente. La defensa criticó el cambio repentino en la cobertura, señalando que ni siquiera informaron a los lectores sobre el sobreseimiento del acusado en la causa penal y el archivo de la causa administrativa.

Sin embargo, la sentencia dictaminó que la demanda debía ser rechazada y que las costas del proceso debían ser impuestas al demandante. Además, se reguló el monto de los honorarios de los abogados involucrados en el caso.

Al llegar a la Cámara para discutir el pago de las costas del proceso, los jueces resaltaron la profesionalidad y responsabilidad del medio de comunicación en su labor periodística. Consideraron que la acción legal del empresario fue «injustificada», ya que la información divulgada tenía un claro interés público y estaba respaldada por denuncias válidas.

La Cámara concluyó que el empresario deberá asumir todas las costas del juicio y destacó el «especial interés público de la información y de la actividad periodística en este tipo de temas». Además, resaltaron la necesidad de una mayor tolerancia a la exposición pública para aquellos que tienen tratos con el Estado o reciben fondos y bienes públicos.