El gobierno de Javier Milei continúa otorgando cada vez más poder al ministro de Economía, Luis Caputo. En esta ocasión, el Ejecutivo le ha dado el control total de la obra pública mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Con esta medida, Caputo se suma a la lista de ministros con un gran alcance en la gestión de gobierno.

Desde hace meses, se había anunciado que el Ministerio de Economía tomaría bajo su responsabilidad la obra pública, con el objetivo de tener un mayor control sobre el gasto del Estado. El recorte de gastos es una de las principales características de la actual gestión y Caputo se encarga de llevarlo a cabo en nombre del presidente. La reducción en la inversión en obras públicas ha generado controversias y críticas por parte de algunos gobernadores.

El decreto publicado establece que se delegan en el Ministerio de Economía las facultades y obligaciones para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios relacionados con la obra pública. Además, se autoriza a Economía a subdelegar estas facultades en los Secretarios y Subsecretarios de su jurisdicción.

Este no es el único área en la que Caputo ha obtenido un gran poder. Además del control del Banco Central (BCRA), ha tomado el control del área de Energía y ha participado en negociaciones con otros países. Todo esto ha llevado a plantear la pregunta: ¿Caputo ya es un superministro?

Algunos analistas sostienen que Caputo se encuentra dentro de los parámetros de lo que se podría denominar un superministro, aunque con algunas diferencias respecto al pasado. A diferencia de otros casos, donde el presidente delegaba el poder en alguien con conocimiento técnico pero sin visión política, en este gobierno Milei aporta la visión económica y Caputo complementa con su expertise en finanzas y administración. De esta forma, el presidente le otorga todas las facultades que considera necesarias para llevar adelante las medidas del día a día.

Otros plantean que el traspaso del control de la obra pública a Caputo va más allá de su acumulación de poder. Consideran que esta decisión es un mensaje a los mercados de que no habrá inversión y que todas las ejecuciones de obras estarán condicionadas por la cuestión fiscal.