En la jornada de hoy prestaron declaración los últimos testigos de la acusación y los de la defensa. También dio su versión de los hechos el ex jefe comunal acusado, Germán Epul. Mañana se expondrán los alegatos de clausura.

En la continuidad del debate oral y público prestaron declaración los dueños de los otros dos corralones que participaron del concurso de precios, que tenía como objetivo la compra de adoquines para pavimentar la calle Saavedra de la ciudad de Cinco Saltos.

Además, declaró un integrante de la policía provincial que fue el encargado de ubicar al propietario de la empresa Nalozano, ganadora de la licitación y a los trabajadores de la misma. Respecto del empresario mencionó que pudo ubicarlo en la provincia de Buenos Aires y que al ser contactado se mostró preocupado y con intenciones de colaborar con la investigación. Igual actitud mencionó respecto de los trabajadores de la firma.

Por pedido de la defensa declaró una ex concejal que realizaba el rol de veedora de algunos procesos administrativos municipales. Destacó que no se realizaron observaciones al pliego ni a la adjudicación, también sostuvo que los procesos de concurso son supervisados por empleados de planta permanente y que existen numerosos mecanismos de control antes de autorizar los pagos.

Finalmente, el ex jefe comunal dio su versión de descargo sobre lo ocurrido. Explicó la conformación de los equipos de trabajo del municipio, de los procesos de licitación o concurso de precios y el circuito de pagos. Tras una extensa declaración, concluyó que “pudo haber sido negligente en confiar en su equipo de trabajo, pero que confiaba en que cada integrante del municipio hacía sus tareas de forma competente”.

A preguntas de la fiscalía, Epul dijo que en ese expediente de la compra de adoquines en particular confió en el otro imputado, el ex secretario de Obras Públicas, Martín Palacios.

Mañana las partes expondrán las conclusiones del caso en los alegatos de clausura. La audiencia comenzará a partir de las 11 horas.

La fiscalía y la querella que representa al municipio acusan a Epul y Palacios de haber dirigido un concurso de precios para que sea adjudicada en la compra de adoquines la empresa Nalozano S.A. Pese a que abonaron la totalidad de los materiales en una suma de más de 2.400.000 pesos, los adoquines no fueron entregados. La calificación legal es fraude a la administración pública.