Este martes, los legisladores rionegrinos le dieron aval a la reforma del artículo 25º de la Ley 2753, la cual busca cambiar la reglamentación de los aportes que recibe el IPROSS, haciendo que todas las contribuciones que se hagan sobre el total de los haberes de los trabajadores estatales provinciales, independientemente que sean remunerativos o no, sean tenidas en cuenta para hacer el cálculo de descuento.
 
En este sentido, la legisladora Marcela Ávila, futura titular de la obra social estatal, explicó que “el aporte mínimo, fijado hoy en $40, debe ser un porcentaje del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Eso significa que ningún trabajador podría aportar a la obra social menos de $ 6.200 por mes”.
 
Asimismo, explicó que actualmente hay “trabajadores que mensualmente aportan a la obra social $ 2.600 por todo su grupo familiar primario, lo que desfinancia completamente la estructura”.
 
El IPROSS “debe funcionar con el 11% de los haberes de los trabajadores estatales (4% de los empleados y 7% el empleador)” e inmediatamente subrayó que esta situación “se ha visto distorsionada cuando se otorgan aumentos no remunerativos en algunos sectores. Ello significa que el aporte por cada uno de esos trabajadores es menor al 4% y provoca a la obra social alrededor del 30 por ciento menos de ingresos”, siguió relatando.
 
De esta forma, describió la situación del IPROSS como “compleja y crítica por múltiples factores, uno de ellos es el contexto actual nacional, que afecta a todas las obras sociales, y tiene que ver con el comportamiento del mercado de medicamentos tras el fin del congelamiento de precios, que se fueron a las nubes. Estos hechos han resentido las prestaciones en general”. También mencionó que “el otro gran problema es interno, estructural y financiero”.
 
“Para salir se necesita tener una certeza de los ingresos que se van a tener y lograr que la totalidad de las remuneraciones de los trabajadores estén sujetas a aportes y contribuciones”, finalizó.
 

Este martes, los legisladores rionegrinos le dieron aval a la reforma del artículo 25º de la Ley 2753, la cual busca cambiar la reglamentación de los aportes que recibe el IPROSS, haciendo que todas las contribuciones que se hagan sobre el total de los haberes de los trabajadores estatales provinciales, independientemente que sean remunerativos o no, sean tenidas en cuenta para hacer el cálculo de descuento.
 
En este sentido, la legisladora Marcela Ávila, futura titular de la obra social estatal, explicó que “el aporte mínimo, fijado hoy en $40, debe ser un porcentaje del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Eso significa que ningún trabajador podría aportar a la obra social menos de $ 6.200 por mes”.
 
Asimismo, explicó que actualmente hay “trabajadores que mensualmente aportan a la obra social $ 2.600 por todo su grupo familiar primario, lo que desfinancia completamente la estructura”.
 
El IPROSS “debe funcionar con el 11% de los haberes de los trabajadores estatales (4% de los empleados y 7% el empleador)” e inmediatamente subrayó que esta situación “se ha visto distorsionada cuando se otorgan aumentos no remunerativos en algunos sectores. Ello significa que el aporte por cada uno de esos trabajadores es menor al 4% y provoca a la obra social alrededor del 30 por ciento menos de ingresos”, siguió relatando.
 
De esta forma, describió la situación del IPROSS como “compleja y crítica por múltiples factores, uno de ellos es el contexto actual nacional, que afecta a todas las obras sociales, y tiene que ver con el comportamiento del mercado de medicamentos tras el fin del congelamiento de precios, que se fueron a las nubes. Estos hechos han resentido las prestaciones en general”. También mencionó que “el otro gran problema es interno, estructural y financiero”.
 
“Para salir se necesita tener una certeza de los ingresos que se van a tener y lograr que la totalidad de las remuneraciones de los trabajadores estén sujetas a aportes y contribuciones”, finalizó.