El bloque del oficialismo en el Concejo Deliberante logró imponer su mayoría y aprobó una cesión de tierras a favor de un inversor privado, en el contexto de la ordenanza de loteos privados. En tanto, los ediles de Juntos Somos Río Negro se opusieron porque no están de acuerdo con el criterio utilizado para establecer la valuación. Anticiparon que están analizando la posibilidad de judicializar la medida.

El conflicto se da en el loteo privado “Quinquela Martín”, ubicado en cercanías de Stefenelli y que se promociona como un barrio residencial de tipo cerrado, con lotes que van desde los 600 m2. Para la desarrolladora, “una excelente propuesta para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida. Desplazándose fácilmente desde el centro urbano a la tranquilidad de los alrededores. Sin rescindir la seguridad y la facilidad de acceso a las tareas cotidianas que ofrece la ciudad”.

La ordenanza de loteos privados establece que quien desarrolla el sector debe transferir obligatoriamente el 10 % de la superficie al municipio, que lo integra a su patrimonio como “reserva urbana”. Pero al mismo tiempo, faculta al propietario a rescatar una parte de esa tierra efectuando una oferta que debe ser “a valor de mercado” menos un descuento del 20 %, teniendo en cuenta la inversión realizada en diferentes obras de infraestructura.

El desarrollador del loteo “Quinquela Martín” propuso recuperar tres lotes de unos 600 m2. Y a tal fin, como explica la ordenanza, presentó los tres presupuestos elaboradas por inmobiliarias de la ciudad en los que se cotiza cada uno de los terrenos en un promedio de 2,2 millones de pesos. La polémica se veía venir desde el momento en que el concejal Gabriel Arto (Juntos Somos Río Negro), planteó su disidencia en la comisión. Explicó que si se habla de “valor de mercado”, los establecidos en el proyecto son inferiores a los que en la actualidad se están manejando en propiedades similares en la región.

Y esta mañana, ambos bloques mantuvieron sus posiciones: los cinco ediles del Frente de Todos votaron a favor; los tres de JSRN en contra. El oficialismo planteó que no hubo objeciones de las asesorías jurídicas del Ejecutivo Municipal ni del Concejo y que se estaba cumpliendo con el espíritu de la ordenanza. Arto se basó en un pedido incluido en el expediente por la dirección de Agrimensura, en el que se solicita una tasación desde el propio Estado municipal que nunca se efectivizó.

“Nosotros no nos oponemos a la ordenanza, creemos que es un estímulo para que haya más inversores que se instalen en la ciudad. No estamos en contra de este inversor que tuvo la decisión de desarrollar urbanísticamente un sector de la ciudad. Pero no queremos que el municipio se vea afectado patrimonialmente por una decisión así”, dijo.

Arto planteó que una búsqueda de referencias a través de las páginas web de inmobiliarias regionales, le hizo ver que terrenos similares se están vendiendo, en promedio, a unos 4 millones de pesos, mucho más que la cotización presentada. “El municipio se está viendo perjudicado por esto”, apuntó.

Otro punto que queda poco claro para los concejales de la minoría es la forma en que se produce la operación: “si se considera una venta, la Carta Orgánica establece que para aprobarse necesita dos tercios de los votos y hoy claramente ese porcentaje no está”, enfatizó.