A partir de la sentencia el ex docente queda inscripto en el registro nacional de violadores.

La sentencia cumplió un mes, pero al no encontrarse firme, el hombre se encuentra aún trabajando en una dependencia estatal, si bien no se desempeña en el colegio secundario. Esta situación se mantendrá sin cambios hasta tanto se expida la Junta de Disciplina.

“Cepeda falló como docente abusando de una de sus alumnas por lo tanto traicionó los principios de la educación pública. Celebramos esta sentencia ya que este docente abusador no volverá a las aulas a acosar o abusar a ninguna piba más”, refirieron familiares de la mejor abusada por el sentenciado.

Además, exigen un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género dentro de las instituciones educativas y que se aplique la ley de educación sexual integral en todas las aulas de la ciudad de Roca.

Finalmente piden que se aplique la Ley Micaela en educación, aseverando que “necesitamos a los docentes y a todo el personal de educación formado con perspectiva de género. No queremos más abusadores o acosadores dentro de las aulas”.

La causa

La denuncia contra el profesor se produjo en noviembre de 2018, luego de que una estudiante le relatara a su madre que el hombre en horario de clases, se había acercado a la menor y le había dado un beso en el cuello, sin el debido consentimiento de ella.

En otro episodio indica la denuncia, el profesor durante una clase se acercó a la menor cuando ella estaba sentada y trató de “apoyar sus genitales en la cara de la menor, mientras la sostenía fuertemente de sus hombros, como dándole masajes, pese a que la niña le pedía en todo momento que se detenga y se retire”.

Todo lo descripto fue considerado delito de “abuso sexual simple y abuso sexual simple en grado de tentativa, en concurso real, ambos agravados por ser encargado de la educación”.

Durante el juicio el juzgado, de quien se reserva la identidad para preservar a la menor víctima, aceptó la acusación y admitió su culpabilidad en los hechos y en la calificación legal solicitada por la Fiscalía.

La sentencia se logró en procedimiento abreviado y así se condenó al hombre los tres años de prisión en suspenso, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer como docente de menores de edad, más costas. Además se le impusieron reglas de conducta por dos años, como fijar domicilio, presentarse trimestralmente ante el Patronato de Liberados a dar cuenta de su paradero, prohibición de salir del país; prohibición de acercamiento a la menor víctima y de contacto por cualquier medio, debiendo mantenerse en forma constante a una distancia no menor de 100 metros; y realizar un curso o capacitación en violencia de género que fije el tribunal de ejecución, y la no comisión de nuevos delitos.