Pasaron 10 largos años desde que los padres de los chicos que asistían al Jardín de Infantes 85, ubicado en el barrio El Manzanar, denunciaron los casos de abuso sexual que perpetró el docente de música contra sus hijos. Carlos Ricard Meza fue condenado por tres casos a seis años de prisión y recién fue detenido y enviado a prisión a mediados de diciembre del año pasado. Ahora, la justicia civil ordenó pagar una indemnización millonaria a una de las víctimas

 

El fallo de la jueza civil Soledad Peruzzi condenó al docente y al Estado provincial a pagar a la víctima, una niña que entonces tenía cuatro años, la suma de 6,1 millones de pesos más los intereses y las costas del proceso. Lo paradójico de este caso particular es que Meza fue absuelto por el beneficio de la duda, ya que la niña no pudo relatar lo ocurrido en ninguna de las dos Cámaras Gesel se le realizaron. Se supo que hay otras demandas en marcha.

 

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En su argumentación, la magistrada explicó que la valoración de la prueba es diferente en la justicia civil que en la penal. En el ámbito civil “no se requiere una actuación con el mismo rigorismo y la estrictez que caracteriza al proceso penal, en el que se exige absoluta certeza y pruebas directas para la comprobación del hecho delictivo”.

 

En su enfoque, la jueza Peruzzi precisó que “la mirada está puesta más hacia la víctima de tal conducta como punto disparador de los perjuicios por cuya reparación se acciona”.

“No se busca condenar, sino reparar. Puntualmente, la imposibilidad de condenar a Meza por la carencia de la declaración de parte de la propia niña damnificada, o pruebas más directas, considerado insuficiente para condenarlo en sede penal; no registra en este caso la misma consecuencia, menos aún tamizados los hechos por la rebeldía declarada respecto al demandado Meza”, destacó.

 

Los hechos se conocieron en 2014, durante en una reunión de padres una mamá contó el dramático episodio que le tocó padecer a su hijo. Luego se pudo establecer otros tres casos más. Hubo un momento de mucha tensión, cuando la policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma para evitar que los familiares hicieran justicia por mano propia.

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El ex docente – que fue exonerado de todos sus cargos -, fue condenado a una pena unificada a seis años de prisión al ser considerado penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado, y a diez años de prohibición del ejercicio de la profesión. Su defensa fue apelando el fallo en todas las instancias judiciales, hasta que la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso y fue detenido.

 

Los padres de la pequeña víctima reclamaron una indemnización por el perjuicio físico y moral que recibió durante esas jornadas. E hicieron responsable al Estado Provincial, a las autoridades del Consejo Provincial de Educación y a directivos del establecimiento por no haber controlado la labor profesional del docente ni haber realizado “estudios psicológicos y de aptitud para estar frente al grado”.