Por fuera del ámbito judicial, finalmente se realizaron dos reuniones promovidas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro donde se avanzó en la posibilidad de lograr el «desalojo pacífico» del predio que actualmente ocupan los integrantes de la Cooperativa 1° de Mayo. Tanto el Estado provincial como el municipal, se comprometieron al traslado de las instalaciones y a ceder tierras en el Parque Industrial II, respectivamente, lo que significaría una inversión considerada «millonaria».

El proceso de mediación «extrajudicial» se dio tras conocerse la medida de la Jueza María del Carmen Villalba , quien durante este año había ordenado el desalojo compulsivo de las instalaciones ubicadas en calle Alsina al 2.900, en una causa que ya llevaba varias idas y vueltas.

Justamente allí es donde funciona la Cooperativa 1° de Mayo, integrada por extrabajadores de la empresa que manejaba el aserradero dedicado a la elaboración de cajas de madera destinadas a la actividad frutícola.

Este acuerdo, entre los socios de la cooperativa 1 de Mayo y las autoridades provinciales -en principio- sería para liberar el predio de manera «pacífica», en un plazo que todavía no ha sido consensuado de manera definitiva.

Para lograr esto, el municipio de Roca cedió tres hectáreas en el Parque Industrial II y, según se supo, el gobierno de Río Negro asumiría el gasto de trasladar los galpones y las maquinarias al predio ubicado a la vera de la Ruta Provincial 6, en el norte de Roca.

El compromiso ya cuenta con la aprobación de los trabajadores del aserradero, quienes se encuentran con todas las máquinas funcionando y cumpliendo con pedidos atrasados. En tanto la provincia tendrá 10 días hábiles para ofrecer una respuesta formal ante el pedido de la cooperativa 1 de Mayo.

Según expresaron los obreros del aserradero, la postura se mantiene «inflexible», liberando el predio siempre y cuando se les garantice el traslado de todas las maquinarias. «Cuando esté todo montado, liberaremos pacíficamente nuestro galpón», expresaron esta mañana.

Convocados

De las reuniones extrajudiciales convocadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia participaron funcionarios provinciales, municipales, mediadores del propio ministerio y representantes de la CTA Autónoma que lidera el dirigente Rodolfo Aguiar.

También fueron convocados los propietarios de la tierras en litigio quienes se mostraron abiertos a un acuerdo siempre y cuando se cumpla con la entrega total de las seis hectáreas ocupadas.

Durante los dos encuentros cada una de las partes expuso sus planteos aunque todavía no hay una definición concreta ni el acuerdo está totalmente cerrado.

«Todavía hay discusiones sobre la propiedad de algunas máquinas que hay en el lugar. Y hay algunos puntos que todavía no están cerrados definitivamente. Podríamos decir que hay un acuerdo general y ahora se trabaja sobre algunas cuestiones específicas», dijo una fuente consultada por este medio quien pidió el resguardo de su identidad teniendo en cuenta que hay un acuerdo de confidencialidad.

Millonaria inversión

Pero cuánto costará trasladar el aserradero hasta el Parque Industrial II, ubicado a la vera de la Ruta Provincial 6, sobre la barda norte de Roca. Esa es la pregunta que realizó este medio aunque las distintas partes consultadas no quisieron arriesgar una cifra exacta, sí coincidieron en señalar que se trata de una cifra «millonaria».

Por un lado -si se tiene en cuenta el valor de las tres hectáreas que cederá la comuna en el Parque Industrial II- más el desmantelamiento de los galpones y el armado de la estructura en el nuevo predio, sumado a la instalación de todos los servicios, la cifra podría rondar entre los 60 y 80 millones de pesos. Aunque algunas fuentes consultadas coincidieron en señalar que el valor real insumirá tanto para el Estado provincial como municipal, un gasto total superior a los 100 millones de pesos.

Historia del proceso

La demanda de desalojo se presentó en 2014 y finalizó con un fallo de la Cámara Civil a favor de Mario Leonardo López. Esa sentencia quedó firme en 2020 y no fue cumplida voluntariamente. A raíz de esa situación se inició el actual proceso sumarísimo de Ejecución de Sentencia, para poder hacer cumplir el fallo original.

Luego, la parte actora solicitó el “inmediato desalojo”, alegando que “su parte ha procurado por distintas vías lograr una solución pacífica al conflicto, con participación de distintos organismos públicos” y “pese a los esfuerzos realizados no se ha logrado aún un acuerdo consensuado para la entrega del bien”. El 11 de noviembre del 2021 se dictó la Resolución que puso fecha límite (11 de febrero de 2022) para la entrega de las tierras. Allí se realizó, además, una cronología del expediente y de las múltiples instancias conciliatorias que se habilitaron. Entre las más relevantes se enumeraron:

-El 7 de mayo de 2019, la jueza Civil María del Carmen Villalba, en primera instancia, rechazó la demanda de desalojo promovida por López contra la Cooperativa. López apeló.

-El 9 de diciembre de 2019, la Cámara Civil de Roca hizo lugar a la apelación de López, revocó la sentencia de primera instancia y dio curso al desalojo.

Previendo “el impacto social” de la decisión, la Cámara abrió una instancia de diálogo. Ordenó que la Provincia y el Municipio participen para “establecer las modalidades en que se efectivizará el desalojo” y previó que “en caso de no arribarse a un acuerdo sobre las modalidades de la ejecución”, la jueza Villalba debía poner un plazo para concretar el desalojo. Esa sentencia quedó firme a mediados de 2020.

Una segunda instancia de diálogo se abrió el 16 de octubre de 2020 en una audiencia de la que participaron ambas partes, más representantes de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Allí se pactaron 60 días más para dialogar, pero no se alcanzó ningún acuerdo.

-Vencido aquel plazo, se abrió una tercera instancia de diálogo a partir de junio de 2021, que tampoco tuvo éxito.

-En noviembre de 2021 se otorgaron los últimos 90 días para desalojar voluntariamente.

“Surge claro del derrotero procesal del presente desalojo que se han arbitrado todos los medios posibles para lograr una solución consensuada para evitar males mayores”, señaló la jueza en aquella resolución de noviembre. “Se ha procurado una solución pacifica y consensuada (…) todo hasta ahora con resultado negativo”, indicó.

“Las soluciones políticas que intentaron obtener los demandados no han dado resultado positivo; no hubo acuerdo con ninguno de los organismos de los tres poderes Ejecutivos, como mencionan, Provincial, Nacional o Municipal, ni tampoco un plan que pudieran cumplir o fijar un plazo para la solución del problema, ello pese a las concesiones dadas desde el Tribunal y la parte actora, pues a casi dos años, no han logrado un lugar a donde trasladar la sede laboral”, explicaba la resolución de noviembre.

La jueza finalizó aquella decisión recalcando que la parte demandada debe “asumir que el trámite de ejecución ha sido respetuoso con sus pretensiones, fundamentalmente la parte actora ha demostrado una tolerancia, temple y mansedumbre que ya ha sido agotada”.

Tras la última orden de desalojo emita por la Jueza María del Cármen Villalba, los obreros decidieron ocupar las instalaciones del aserradero con un fuerte respaldo de la CTA Autónoma. Durante el mes de mayo se extendieron las protestas que incluyeron cortes de ruta y piquetes en distintos sectores de la ciudad.

En medio de un callejón sin salida, el gobierno provincial decidió descomprimir la situación y gestionó a través del Ministerio de Seguridad y Justicia un cuarto intermedio que derivó en las negociaciones realizadas en las últimas semanas.