La propagación gravamen adoptado por numerosas intendencias como respuesta al recorte de fondos públicos a nivel nacional, está generando preocupación en el sector, que vienen advirtiendo por los perjuicios que le ocasiona a la actividad y a los consumidores.

A pesar de la oposición constante de las Cámaras empresarias de Estaciones de Servicio a la implementación de esta medida, dos nuevas ciudades, han decidido adoptarla. A partir de abril, todas las operadoras de combustibles y canales mayoristas de estos territorios aplicarán un recargo adicional sobre los precios ya vigentes a nivel nacional.

La Municipalidad de Rosario incorporó este aporte obligatorio en su código tributario municipal, estableciendo que se cobrará un porcentaje extra por cada litro de combustible líquido o metro cúbico de gas natural comprimido (GNC) vendido en su jurisdicción.

En el caso de Cipoletti, en la Patagonia, siguiendo el ejemplo de Neuquén que ya lo puso en vigencia, se tomó una medida similar, lo que generó protestas por parte de los operadores, representados por la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN).

El presidente de la entidad, Marcelo Pirri, advirtió que “es un problema para el consumidor, que tiene que pagar y nosotros lo único que tenemos que hacer es recaudar. Es una medida antipática, nos puede traer algún inconveniente porque si algún municipio lo aplica y otro no, las estaciones donde se cobra tendrán una limitante en comparación con las que no lo hacen. Por otro lado, a nosotros muchas veces nos pagan con tarjetas y cómo se hace para transferir algo que nos entra muchos días después; nos crea una complicación”.

Ante esta coyuntura, que amenaza con extenderse a otras regiones, Francisco Turzi, abogado especializado en combustibles, manifestó a surtidores.com.ar, que estas tasas son inconstitucionales, ya que en realidad constituyen impuestos encubiertos y chocan con las normativas orgánicas locales que no otorgan la facultad de establecer gravámenes de esta naturaleza.

Además, sostuvo que el cumplimiento de esta normativa convierte a los estacioneros en agentes de retención para el fisco, lo que implica costos adicionales en términos de recursos humanos y económicos para garantizar que el aporte del consumidor llegue al municipio, sin beneficio alguno para ellos.

El letrado argumentó finalmente que según el régimen de coparticipación federal, tanto provincias como municipios están obligados a no crear nuevos impuestos sobre los combustibles, y que estas tasas municipales no ofrecen un servicio directo correspondiente al contribuyente, alejándose así de su definición como tales.
 
 
 

La propagación gravamen adoptado por numerosas intendencias como respuesta al recorte de fondos públicos a nivel nacional, está generando preocupación en el sector, que vienen advirtiendo por los perjuicios que le ocasiona a la actividad y a los consumidores.

A pesar de la oposición constante de las Cámaras empresarias de Estaciones de Servicio a la implementación de esta medida, dos nuevas ciudades, han decidido adoptarla. A partir de abril, todas las operadoras de combustibles y canales mayoristas de estos territorios aplicarán un recargo adicional sobre los precios ya vigentes a nivel nacional.

La Municipalidad de Rosario incorporó este aporte obligatorio en su código tributario municipal, estableciendo que se cobrará un porcentaje extra por cada litro de combustible líquido o metro cúbico de gas natural comprimido (GNC) vendido en su jurisdicción.

En el caso de Cipoletti, en la Patagonia, siguiendo el ejemplo de Neuquén que ya lo puso en vigencia, se tomó una medida similar, lo que generó protestas por parte de los operadores, representados por la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN).

El presidente de la entidad, Marcelo Pirri, advirtió que “es un problema para el consumidor, que tiene que pagar y nosotros lo único que tenemos que hacer es recaudar. Es una medida antipática, nos puede traer algún inconveniente porque si algún municipio lo aplica y otro no, las estaciones donde se cobra tendrán una limitante en comparación con las que no lo hacen. Por otro lado, a nosotros muchas veces nos pagan con tarjetas y cómo se hace para transferir algo que nos entra muchos días después; nos crea una complicación”.

Ante esta coyuntura, que amenaza con extenderse a otras regiones, Francisco Turzi, abogado especializado en combustibles, manifestó a surtidores.com.ar, que estas tasas son inconstitucionales, ya que en realidad constituyen impuestos encubiertos y chocan con las normativas orgánicas locales que no otorgan la facultad de establecer gravámenes de esta naturaleza.

Además, sostuvo que el cumplimiento de esta normativa convierte a los estacioneros en agentes de retención para el fisco, lo que implica costos adicionales en términos de recursos humanos y económicos para garantizar que el aporte del consumidor llegue al municipio, sin beneficio alguno para ellos.

El letrado argumentó finalmente que según el régimen de coparticipación federal, tanto provincias como municipios están obligados a no crear nuevos impuestos sobre los combustibles, y que estas tasas municipales no ofrecen un servicio directo correspondiente al contribuyente, alejándose así de su definición como tales.