A tres años de la sanción de la ley de alquileres en Argentina, aún no se ha implementado el Programa Nacional de Alquiler Social, dejando a una porción de la sociedad sin acceso a una vivienda digna. Este programa, previsto en el artículo 17° de la ley, busca facilitar el acceso a una vivienda en alquiler a través de contratos formales. Sin embargo, hasta el momento no se ha creado ningún dispositivo para llevar a cabo esta iniciativa.

El concepto de alquileres sociales implica adoptar medidas que permitan a las personas acceder a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal. El programa estaría a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, específicamente de la Secretaría de Vivienda. Su implementación contempla acciones como considerar a personas en situación de violencia de género, adultos mayores y aquellos en situación de vulnerabilidad.

Además, se promovería la regulación de entidades que brinden garantías o seguros de caución para contratos de alquiler, así como la creación de líneas de subsidios o créditos blandos para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler. También se buscaría ampliar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a la vivienda y colaborar con la ANSES para facilitar el acceso al alquiler a personas jubiladas, pensionadas y desempleadas.

En la actualidad, muchas familias se encuentran excluidas de poder alquilar formalmente una propiedad, lo que las lleva a vivir en lugares precarios que no cumplen con los servicios básicos necesarios. Al no tener acceso a alquileres formales, estas familias pagan montos similares al mercado por vivir en condiciones insalubres y peligrosas.

Un relevamiento realizado en agosto muestra que el costo de alquilar un departamento de tres ambientes, adecuado para una familia de cuatro integrantes, es de $260,984. Sumado a esta cifra, se deben considerar otros gastos como el seguro de caución o el transporte de los bienes al mudarse. Por lo tanto, mudarse a un departamento de estas características puede llegar a costar $521,968 solo en el primer mes.

La falta de acceso a una vivienda digna es un problema que no afecta solo a Argentina, sino a grandes ciudades del mundo. En respuesta a esta problemática, se está implementando el alquiler social en diferentes países como Barcelona, donde existen viviendas de propiedad municipal y acuerdos con privados para alquileres sociales. Asimismo, se planea la creación de una empresa público-privada para llevar a cabo estos programas.

Si bien la ley de alquileres es de aplicación nacional, cada municipio puede implementar políticas para mejorar la oferta de alquileres. Un ejemplo de esto es el municipio de Morón, que otorga exenciones a propietarios que dispongan sus viviendas desocupadas en alquiler y ha realizado un acuerdo con Grupo Provincia para brindar coberturas de caución a aquellos vecinos solventes y sin garantía para cerrar un contrato de alquiler.

El Programa Nacional de Alquiler Social representa una oportunidad de solucionar la falta de acceso a una vivienda digna para sectores vulnerables de la sociedad. Sin embargo, su implementación sigue pendiente, dejando una deuda histórica con aquellos que han sido excluidos del mercado formal de alquileres.