En un movimiento alineado con la profunda transformación que busca implementar en materia de administración estatal, el Gobierno ha decidido nuevamente avanzar hacia un esquema de desregulación total, una bandera que ya había mencionado en diversas oportunidades y que con resoluciones como la presente, continúa confirmando.

Este lunes, se dio un paso significativo al oficializar la eliminación del «Registro de Abogados y Gestores Administrativos», operativo hasta ahora en el entorno de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta acción fue formalizada mediante la Resolución 982/2024, que apunta a simplificar los procesos previsionales y remover obstáculos que, desde la perspectiva del Ejecutivo, resultaban ser barreras innecesarias para los ciudadanos.

El ministro a cargo de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue un activo defensor de la nueva normativa. «Este tipo de restricciones son contrarias a la libertad individual, y nuestro presidente, Javier Milei, está decidido a eliminarlas», expresó al aplaudir la iniciativa que lleva la rúbrica de Mariano de los Heros, director ejecutivo de ANSES. En su intervención en plataformas sociales, Sturzenegger enfatizó que este cambio se inscribe en un proceso más amplio de eliminación de «cotos de caza que solo generan perjuicio a la ciudadanía».

El registro de abogados y gestores administrativos había nacido bajo la Administración Kirchnerista a través de la Resolución 479/2024, y exigía que para realizar trámites del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se recurriera a profesionales registrados. Con este marco se pretendía ofrecer un nivel de profesionalismo y claridad en la representación de los beneficiarios ante la ANSES. Sin embargo, la administración actual postula que este era un condicionamiento cuestionable para la libre elección de los ciudadanos al definir quién los asistiría en los procedimientos estatutarios dentro de la entidad.

La abrogación del registro fue fundamentada con el argumento de la búsqueda de modelos estatales que sean «transparentes, ágiles, eficientes, eficaces y centrados en el bienestar público», eliminando de este modo cualquier vestigio innecesario de burocracia. Según el documento oficial, las normas derogadas limitaban directamente la libertad de acción de sus beneficiarios, una postura que el movimiento de La Libertad Avanza sostiene requiere de renovación.

Vinculada con el DNU 70/2023, que proclamó un estado de emergencia pública en diversas áreas hasta fines de 2025, anotando un compromiso continuado con la desregulación y la promoción del desarrollo normal económico y financiero, la resolución ha sido una pieza que inserta un nuevo mapa de paradigmas que busca borrar viejas trabas administracionales. Con la ministra Sandra Pettovello y Mariano de los Heros siendo mencionados como apoyadores clave, Sturzenegger reiteró que «el kirchnerismo, a través de una vieja normativa, había amarrado la libertad de tramitar jubilaciones al requerir profesionales específicos, y este marco por fin ha sido disuelto».

Los procedimientos, a su juicio, no deben ser cargos elementales a la población en general al servicio de ciertos sectores cerrados, calificando aquellos procesos como una suerte de «cabina de peaje» que, desde su visión, pesa negativamente sobre los hombros de todos los contribuyentes.