Una denuncia que en noviembre fue presentada por concejales del Frente de Todos contra el intendente de Villa Regina, Marcelo Orazi, por la compra directa de alimentos para comedores escolares, fue desestimada por la justicia y pasada a archivo.

La novedad de conoció esta semana, con la notificación de la decisión adoptada por el fiscal Juan Carlos Luppi de pasar a archivo la denuncia, por considerar que la compra directa de alimentos se encontraba justificiada en ordenanzas municipales que autorizan el mecanismo “cuando existan razones de verdadera urgencia” y ley de Emergencia Alimentaria.

La denuncia fue presentada en noviembre por los concejales Hugo Cerda, Natalia Vergara y Gabriela Figueroa del FdT, a partir de la compra directa de alimentos para comedores escolares que el intendente realizó por decreto en setiembre y mediante una compulsa de precios con proveedores mayoristas.

En junio el municipio firmó el convenio con el Ministerio de Educación y Desarrollo Humano de la provincia para la provisión de alimentos a los comedores escolares de Regina durante el segundo semestre de 2021. Por la proximidad de las fechas para provisión de los alimentos, se realizó una compulsa de precios y la compra directa.

El decreto pasó para su tratamiento en el Concejo Deliberante. Pero hasta octubre el Deliberante aún no había tratado, y el ejecutivo ratificó con un nuevo decreto el mecanismo de compra directa, fundamentando el mecanismo en la ordenanza 67/94 y en la ley nacional 27.519 de Emergencia Alimentaria.

Finalmente en noviembre los concejales del Frente del Todos presentó en la Fiscalía Descentralizada de Villa Regina la denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público del intendente Marcelo Orazi, de su secretario de Gobierno, Guillermo Carricavur y de la secretaria de Desarrollo Social, Luis Ibarra.

Por su parte, el fiscal Juan Carlos Luppi, al determinar al desestimar la denuncia y ordenar su pase a archivo, remarcó que el accionar del intendente reginense “tiene la fundamentación suficiente para justificar un mecanismo de excepción, con lo cual el acto no es ilegítimo. Excluyendo por ende el dolo requerido para la figura penal, por cuanto, lejos está ello de suponer que el accionar desplegado por los imputados encuadra en un delito penal”.

Agregó finalmente en la disposición que “el haber justificado el muncipio el decreto mencionado en las previsiones del artículo tercero de la ordenanza 67/94, cumpliendo así un procedimiento administrativo para su dictado, no existen elementos para sostener que haya habido un accionar doloso pues, en todo caso, podría alegarse un ´error´ que derivaría en un delito culposo, inexistente en la figura analizadas”.