Las primeras jornadas de debate oral y público en el juicio por fraude a la administración pública en Cinco Saltos han revelado detalles impactantes sobre la presunta maniobra en la que se acusa al exintendente Germán Epul y al exsecretario de obras públicas Diego Palacios. 

Durante la primera jornada, la exintendenta municipal Liliana Alvarado, quien sucedió a Epul, brindó su testimonio como denunciante en la causa. Explicó cómo se descubrió la presunta maniobra y las medidas tomadas para iniciar una auditoría tanto interna como externa. También declararon el secretario de obras públicas de la gestión de Alvarado, sucesor de Palacios, y un empleado administrativo del área. La primera audiencia concluyó con la declaración del contador del municipio. 

En la segunda jornada, el dueño de la empresa ganadora del concurso de precios para la compra de adoquines declaró ante el tribunal. Según su testimonio, su empresa ofrecía servicios al municipio y no proveía materiales, pero Palacios lo invitó a participar en la licitación.

El empresario explicó que la idea de Palacios era adquirir una maquinaria para fabricar los adoquines y así ahorrar en costos de fletes. Sin embargo, los adoquines producidos no alcanzaron la calidad necesaria para ser utilizados en obras viales.

Ante la imposibilidad de cumplir con el contrato, el empresario ofreció ceder la máquina al municipio como retribución. Sin embargo, Palacios habría sugerido quedarse con la maquinaria y se comprometió a entregar los adoquines. Esta situación arruinó las finanzas de la empresa, ya que perdieron el dinero invertido y las maquinarias. «Llegué como empresario y emprendedor y me fui como empleado», resumió el testigo.

En la misma jornada se presentaron fotografías de la obra incompleta y el gerente del banco Patagonia de Cinco Saltos explicó el cobro de los cheques emitidos el mismo día de adjudicación de la obra. Estos cheque debían ser cobrados contra la entrega de materiales, lo que no ocurrió.

También declararon el exsecretario de hacienda municipal y un auditor externo que investigaron los fondos y la legalidad de los mismos. Finalmente, dos abogadas que asesoraban jurídicamente al municipio y empleados de la empresa Nalozano, adjudicada en el concurso, brindaron su testimonio.

El juicio continuará con los testigos propuestos por la defensa. La próxima audiencia está fijada para el martes 4 de junio. La fiscalía y la querella acusan a Epul y Palacios de dirigir el concurso de precios para beneficiar a la empresa Nalozano en la compra de los adoquines. A pesar de pagar más de 2 millones 400 mil pesos por los materiales, los adoquines nunca fueron entregados, lo que constituye el supuesto fraude a la administración pública.