El proceso judicial por el lavado de activos que habrían llevado adelante referentes del Sindicato de la Fruta y de la Obra Social, comienza a transitar su última etapa y tras el pedido de penas y de multas solicitado por el Ministerio Publico Fiscal (MPF), los abogadores defensores tuvieron su tiempo para explayarse y solicitar la absolución de sus respectivos clientes.

Fue otra extensa jornada de casi seis horas donde el juez Alejandro Silva escuchó con atención a los representantes legales de Juan Lescano (57), su pareja Karina Neyroud (43) y su hijo Alejandro Lescano (34), además del contador Gustavo Bucetta (63). También se encuentran involucrados en la causa la expareja de Rubén López, el fallecido dirigente del Sindicato de la Fruta, Silvia Viviana Weisser (57) y la hija del matrimonio, Carol López (31).

El primero en alegar fue el abogado roquense Rubens Vila (Weisser y Carol López) quien aseguró que lejos están sus clientas de haber cometido algún tipo de delito que las acerque al lavado de dinero. Reconoció que Weisser fue indagada en la causa por estafa que se llevó adelante en el fuero provincial pero que erróneamente y «sin saber aceptó la suspensión de un juicio a prueba».

«En ningún tramo de la acusación se tipificó el delito. Tampoco se dijo en qué fases o de qué manera o en virtud de qué accionar las imputadas han participado en este hecho de lavado de activos. En ningún tramo de la acusación se habló de los modos ni de las formas. Siempre lo hicieron bajo meras presunciones», dijo el abogado.

Aclaró que estos hechos por lo general están vinculados a delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo internacional, la venta de armas y la trata de personas. Sostuvo -entre otros puntos- que las dos mujeres no tenían capacidad económica para lavar esos activos.

Incluso dijo que a pesar de la estructura que tuvo el MPF para investigar, no se logró aportar pruebas contundentes que compliquen a sus clientas. Y en especial de Weisser sobre quien pesa no sólo la propiedad del famoso salón La Ponderosa (de Cipolletti) sino también los terrenos en Fernández Oro, el lote del lago Mari Menuco y la chacra de Arca.

«(La Ponderosa) Fue una recepción de un bien pero que de ningún modo se supo que provenían de ilícitos que venían con anterioridad», justificó Vila quien incluso aclaró que algunos de los delitos que se le imputan, por la fecha de operación, ya estarían prescriptos.

Las cuentas bancarias y los supuestos ocho autos que habría tenido en su oportunidad fueron otros de los ejes de la presentación del abogado quien dijo que su clienta pudo acreditar durante el juicio los ingresos y las propiedades que tenía a su nombre.

Vila pidió la absolución y en todo caso solicitó que a la hora de evaluar si situación se tenga como atenuante que Weisser fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, Rubén López.

Luego fue el turno de Carlos Fernández (abogado de Juan Lescano, Karina Neyroud y Alejandro Lescano) quien insistió en la inocencia de sus clientes y dijo que difícilmente hayan montado una empresa para lavar activos. «Acá no hay ninguna certeza. Se ha confundido obra social con sindicato no tenían relación ni siquiera en el manejo de fondos», dijo el defensor quien aseguró que Juan Lescano estaba en la obra social y no había posibilidad de manejar desde allí fondos del sindicato.

Le reprochó a la fiscalía que puso en debate un terreno en Clorinda y la compra de un vehículo Audi, cuando en realidad en la causa siempre estuvo acreditado el origen de esos bienes. Para Fernández, el movimiento de los 9 millones de pesos que denunció el MPF tenían que ver con la compra de fruta que habitualmente se hacía a través de JLK, la empresa de Lescano, que llegó mover miles y miles de kilos durante algunas temporadas.

Para Fernández en todo caso se trató de un tema de evasión que ya fue juzgado y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fue absuelto) pero en ningún momento existió un lavado de activo tal como se denuncia. También requirió revisar los montos que establecieron como multa para cada uno de sus clientes.

El cierre, ya cerca de las 13:30, fue el turno de los abogados Martín Segovia y Gonzalo Rodríguez (defensores de Bucetta). Segovia aclaró que según los testigos que pasaron duranteel juicio, JLK era una empresa legal que tenía actividad frutícola. Y que en ningún momento su cliente intentó hacer de esa firma una empresa fantasma, tal cual se denunció.

Reconoció que era una firma «paupérrima» que en sus años de actividad comercial nunca logró ganancias. «No llegó a las tres etapas que demanda el lavado de dinero. Hay mucha prueba que demuestra la  actividad comercial que desplegaron era lícita y legal, y explicó que lejos están de sostener un delito como el lavado de activo.

Al igual que sus colegas, requirió la absolución de su cliente, ya que el patrimonio que actualmente tiene y denuncia la fiscalía, se adquirió mucho antes de que Bucetta conociera a Lescano. «Toda esa plata no superó la inversión», dijo Segovia al referirse a la adquisición del 50 por ciento de las acciones de JLK al hijo de Lescano.

Para Bucetta ni las operaciones ni los movimientos bancarios logran acreditar que existió un delito tal cual como intenta demostrar el MPF.

Cabe recordar que la fiscalía ya había solicitado las siguientes penas:

* Juan Lescano: condena efectiva de 3 años y 6 meses. Consideró como agravante que el dirigente utilizó como estructura a su familia y también destacó como hecho significativo el tiempo en el cual se sostuvo la maniobra fraudulenta y el efecto que generó en la institución. Pidió una multa de 23 millones de pesos. Es el único que tiene una condena en suspenso por lo que en caso de ser hallado culpable los monto se pueden unificar y purgar una pena mayor.

* Silvia Viviana Weisser: solicitó una condena de 3 años de prisión en suspenso. Consideró como agravante haber utilizado a su hija para llevar adelante las maniobras. El fiscal dijo que trabajó en un estudio jurídico por lo que debería haber estado al tanto de las maniobras y de los bienes que estaban poniendo a su nombre. La multa que deberá pagar en caso de ser hallada culpable es de 8 millones de pesos.

* Gustavo Bucetta: «Es contador y puso todo su conocimiento a disposición de un delito», dijo el fiscal quien pidió una condena en suspenso de 3 años de prisión. También pidió una multa por el perjuicio de 23 millones de pesos.

* Karina Neyroud: pidió 1 año y 6 meses de prisión. Una multa por el doble del monto de los bienes afectados, o sea 23 millones de pesos.

* Denise Lescano: el MPF solicitó un año y seis meses. Y el pago de una cifra de 23 millones de pesos, el monto del perjuicio y además por los bienes adquiridos.

* Carol López: requirió 1 año y 6 meses. Solicitó además el pago de un monto por el doble del perjuicio y por los bienes adquiridos totalizado a través de las empresas fantasmas por 8.3 millones de pesos.