El diputado nacional por Río Negro, Sergio Capozzi (PRO), impulsó una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones que apuntan, entre otros puntos, a «agilizar la expulsión del país de los delincuentes extranjeros». 
 
El parlamentario presentó un proyecto de Ley en el Congreso para concretar los cambios propuestos.
 
Capozzi dijo que “el gobierno de Alberto Fernández, mediante un DNU de 2021, dejó sin efecto una norma dictada durante la presidencia de Mauricio Macri que permitía una rápida expulsión de los delincuentes extranjeros. 
 
Actualmente, para deportarlos hace falta pasar por un proceso engorroso, que incluye instancias de apelación. Muchas veces, durante todo este proceso siguen en libertad y continúan delinquiendo”, explicó.
 
Las modificaciones abarcan tanto a los extranjeros que se encuentren en el país en forma temporal como a aquellos que ya hayan obtenido su ciudadanía, que se revocaría en caso de que sean condenados por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas. 

En caso que prospere la iniciativa, esas personas se les revocaría la ciudadanía y se los expulsaría del país incluso si los fallos aún se encuentran en etapa de apelación.
 
 

El diputado nacional por Río Negro, Sergio Capozzi (PRO), impulsó una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones que apuntan, entre otros puntos, a «agilizar la expulsión del país de los delincuentes extranjeros». 
 
El parlamentario presentó un proyecto de Ley en el Congreso para concretar los cambios propuestos.
 
Capozzi dijo que “el gobierno de Alberto Fernández, mediante un DNU de 2021, dejó sin efecto una norma dictada durante la presidencia de Mauricio Macri que permitía una rápida expulsión de los delincuentes extranjeros. 
 
Actualmente, para deportarlos hace falta pasar por un proceso engorroso, que incluye instancias de apelación. Muchas veces, durante todo este proceso siguen en libertad y continúan delinquiendo”, explicó.
 
Las modificaciones abarcan tanto a los extranjeros que se encuentren en el país en forma temporal como a aquellos que ya hayan obtenido su ciudadanía, que se revocaría en caso de que sean condenados por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas. 

En caso que prospere la iniciativa, esas personas se les revocaría la ciudadanía y se los expulsaría del país incluso si los fallos aún se encuentran en etapa de apelación.