Finalmente, tras una semana de demora, la testigo clave para la querella pudo explicarle al tribunal en qué consistió la investigación desarrollada a la dirección de IP del periodista Emiliano Gatti, que enfrenta un juicio en su contra por tenencia y distribución de imágenes y videos de abuso sexual infantil de menores de edad. La especialista reconoció que lo investigaron durante 13 meses y que la última vez que realizó descargas fue en abril de 2022.

La operación «Red Federal en Alerta» tuvo 62 allanamientos en todo el país en noviembre de 2022 de manera casi simultánea. Y se produjeron a raíz de una alerta internacional, pero que a su vez significó un seguimiento de distintas descargas realizadas a lo largo de 13 meses. La que brindó detalles del procedimiento fue Cecilia Chiodi, titular de la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ese organismo es donde llegan los pedidos de investigación y desde allí se envían a las distintas provincias.

La funcionaria reconoció que en Río Negro había cinco objetivos que se identificaron con números, el de Gatti era el 66. Desde julio de 2021 hasta agosto de 2022, cada descarga que se hacía de la dirección de IP del periodista quedó registrada. Y que la última vez que utilizó el programa e-Mule para la trasferencia de ese tipo de archivos fue en abril de 2022, seis meses antes de que la Policía le reventara la puerta del departamento y se lleven todos los equipos informáticos.

Como los peritos de la Justicia rionegrina, que declararon hace un par de semanas, explicaron cómo se originan las búsquedas, las palabras clave utilizadas y por qué utilizan estos programas añejos para la descarga de videos e imágenes de abuso sexual infantil. Es que las conexiones se realizan entre las PC de los usuarios y no necesitan un servidor, que es más fácil de seguir y de intervenir.

Este programa, como el viejo Ares, utilizado en los 2000 para la descarga de música, es gratuito y de código abierto, por lo tanto sólo con tenerlo instalado, todos los archivos de la máquina quedan a disposición de quien los quiera descargar en otro dispositivo. Aunque para que suceda eso, el software debe estar activado. Esos movimientos fueron rastreados por el sistema de investigación Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), una plataforma desarrollada en el exterior y que utiliza la Justicia para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Luego declararon dos testigos convocados por el abogado defensor de Gatti, uno fue un técnico en computación que le instaló un nuevo disco rígido y a su vez recuperó archivos de uno que estaba dañado. Le consultaron qué tipo de material tenía almacenado el periodista, pero no aportó detalles porque el trabajo fue pasarlos de un disco a otro y no revisar uno por uno. También dejó en claro que la copia de seguridad realizada no se pasó a ningún otro dispositivo de almacenamiento como pen drive o disco externo.

Una amiga del periodista también se presentó como testigo, reconoció que el conductor del informativo de Canal 10 durante 20 años vivió un tiempo en su casa y que no notó ningún comportamiento que tenga que ver con el abuso sexual infantil. Que la relación con él era de amistad fluida.

Pero antes del final, los abogados defensores Marcelo Hertzriken Velazco y Joaquín Hertzriken Catena le solicitaron al tribunal que escuchen el audio de la nota que dio la fiscal Belén Calarco al día siguiente del allanamiento en la casa de Gatti y que publicó en exclusiva un medio local (Videos con pedofilia: las imágenes que asquearon hasta a los fiscales) el 16 de noviembre de 2022. En la entrevista, la primera fiscal que tuvo la investigación en Río Negro brindó detalles de los videos que descargaba y compartía el periodista. Incluso reconoció que muchos de ellos eran de menores de 3 años y que eso generó mucho asco en los investigadores. 

Aunque esta nota significó que el Procurador General, Jorge Crespo, decidiera apartar del caso a la fiscal, y con la excusa de la trascendencia pública designar a la fiscal Jefa, Graciela Echegaray, los abogados pretenden demostrar una supuesta animosidad del Ministerio Público contra Gatti.

El juicio contra el ex conductor televisivo terminará el viernes, día que está previsto que declare ante el tribunal y en el que se cree que planteará elementos para ser considerado inocente, como sostuvo siempre durante las pocas entrevistas que brindó, entre ellas la que le dio a 24/7 Canal de Noticias (Exclusivo: entrevista mano a mano con Emiliano Gatti) antes de mudarse a Bahía Blanca, donde fue autorizado a instalarse por la Justicia por el hostigamiento que sufría en la región.

Al conductor del informativo de Calan10 y del programa solidario Juntos Para Sumar, se lo acusa de tenencia y distribución de 50 videos de abuso sexual infantil, agravado por ser menores de 13 años. Un delito que de ser considerado culpable, puede tener pena de prisión efectiva.

Finalmente, tras una semana de demora, la testigo clave para la querella pudo explicarle al tribunal en qué consistió la investigación desarrollada a la dirección de IP del periodista Emiliano Gatti, que enfrenta un juicio en su contra por tenencia y distribución de imágenes y videos de abuso sexual infantil de menores de edad. La especialista reconoció que lo investigaron durante 13 meses y que la última vez que realizó descargas fue en abril de 2022.

La operación «Red Federal en Alerta» tuvo 62 allanamientos en todo el país en noviembre de 2022 de manera casi simultánea. Y se produjeron a raíz de una alerta internacional, pero que a su vez significó un seguimiento de distintas descargas realizadas a lo largo de 13 meses. La que brindó detalles del procedimiento fue Cecilia Chiodi, titular de la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ese organismo es donde llegan los pedidos de investigación y desde allí se envían a las distintas provincias.

La funcionaria reconoció que en Río Negro había cinco objetivos que se identificaron con números, el de Gatti era el 66. Desde julio de 2021 hasta agosto de 2022, cada descarga que se hacía de la dirección de IP del periodista quedó registrada. Y que la última vez que utilizó el programa e-Mule para la trasferencia de ese tipo de archivos fue en abril de 2022, seis meses antes de que la Policía le reventara la puerta del departamento y se lleven todos los equipos informáticos.

Como los peritos de la Justicia rionegrina, que declararon hace un par de semanas, explicaron cómo se originan las búsquedas, las palabras clave utilizadas y por qué utilizan estos programas añejos para la descarga de videos e imágenes de abuso sexual infantil. Es que las conexiones se realizan entre las PC de los usuarios y no necesitan un servidor, que es más fácil de seguir y de intervenir.

Este programa, como el viejo Ares, utilizado en los 2000 para la descarga de música, es gratuito y de código abierto, por lo tanto sólo con tenerlo instalado, todos los archivos de la máquina quedan a disposición de quien los quiera descargar en otro dispositivo. Aunque para que suceda eso, el software debe estar activado. Esos movimientos fueron rastreados por el sistema de investigación Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), una plataforma desarrollada en el exterior y que utiliza la Justicia para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Luego declararon dos testigos convocados por el abogado defensor de Gatti, uno fue un técnico en computación que le instaló un nuevo disco rígido y a su vez recuperó archivos de uno que estaba dañado. Le consultaron qué tipo de material tenía almacenado el periodista, pero no aportó detalles porque el trabajo fue pasarlos de un disco a otro y no revisar uno por uno. También dejó en claro que la copia de seguridad realizada no se pasó a ningún otro dispositivo de almacenamiento como pen drive o disco externo.

Una amiga del periodista también se presentó como testigo, reconoció que el conductor del informativo de Canal 10 durante 20 años vivió un tiempo en su casa y que no notó ningún comportamiento que tenga que ver con el abuso sexual infantil. Que la relación con él era de amistad fluida.

Pero antes del final, los abogados defensores Marcelo Hertzriken Velazco y Joaquín Hertzriken Catena le solicitaron al tribunal que escuchen el audio de la nota que dio la fiscal Belén Calarco al día siguiente del allanamiento en la casa de Gatti y que publicó en exclusiva un medio local (Videos con pedofilia: las imágenes que asquearon hasta a los fiscales) el 16 de noviembre de 2022. En la entrevista, la primera fiscal que tuvo la investigación en Río Negro brindó detalles de los videos que descargaba y compartía el periodista. Incluso reconoció que muchos de ellos eran de menores de 3 años y que eso generó mucho asco en los investigadores. 

Aunque esta nota significó que el Procurador General, Jorge Crespo, decidiera apartar del caso a la fiscal, y con la excusa de la trascendencia pública designar a la fiscal Jefa, Graciela Echegaray, los abogados pretenden demostrar una supuesta animosidad del Ministerio Público contra Gatti.

El juicio contra el ex conductor televisivo terminará el viernes, día que está previsto que declare ante el tribunal y en el que se cree que planteará elementos para ser considerado inocente, como sostuvo siempre durante las pocas entrevistas que brindó, entre ellas la que le dio a 24/7 Canal de Noticias (Exclusivo: entrevista mano a mano con Emiliano Gatti) antes de mudarse a Bahía Blanca, donde fue autorizado a instalarse por la Justicia por el hostigamiento que sufría en la región.

Al conductor del informativo de Calan10 y del programa solidario Juntos Para Sumar, se lo acusa de tenencia y distribución de 50 videos de abuso sexual infantil, agravado por ser menores de 13 años. Un delito que de ser considerado culpable, puede tener pena de prisión efectiva.