Si bien los expertos aseguran que el jaqueo de direcciones IP de computadoras y teléfonos para suplantar o duplicar una identidad es común y por lo general se usa para llevar adelante alguna maniobra ilícita, cada situación debe ser analizada en particular. 

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Y en el caso de los casi 2.000 dispositivos de almacenamiento de datos secuestrados el martes pasado en los 77 allanamientos realizados en todo el país dentro del operativo «Red Federal Alerta», resulta poco probable que todos los detenidos, 21 en total, hayan sido víctimas de jaqueo.

Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, delitos informáticos y director de BTR Consulting, en una entrevista realizada en CNN Radio Roca se refirió a los primeros datos conocidos sobre estos operativos en los que se contaron 12.000 archivos identificados en los 90 puntos de alerta, con contenido de imágenes de abuso sexual infantil.

Consultado sobre la posibilidad de que los 10.000 archivos, -fotos y videos-, cargados desde la dirección IP del periodista de Roca Emiliano Gatti, respondan a un jaqueo, Zurdo respondió «es poco probable que se trate de una apropiación de IP o suplantación de identidad».

En la misma entrevista el especialista ahondó en la práctica de los ataques informáticos, pero enfatizó que no se puede «tomar aisladamente este concepto».

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De este modo explicó que si bien es probable que los archivos se descarguen solos o lo haga otra persona jaqueando el dispositivo de un tercero, es tan probable como la acción inversa: que el verdadero autor de las descargas y tráficos del material, simule un robo.

«Hay que hacer inteligencia inversa para identificar si esa IP fue manipulada o no, para ver si el titular de la IP en ese momento estaba conectado a su perfil o no. Podés tener un archivo testigo», remarcó Zurdo.

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La investigación que involucra a los 21 detenidos en el país, responde a un trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Una vez identificados los domicilios argentinos en los que se usaba la red P2P para cometer los ilícitos, se remitió la información a los ministerios públicos provinciales.