A dos semanas de conocida la condena de 6 años de prisión fijada por un Tribunal al periodista Emiliano Gatti por tenencia de imágenes con contenido de abuso sexual infantil, hace dos días tomó estado público una nueva sentencia fijada por un delito similiar. En esta ocasión se trata de una sentencia de tres años de prisión para un hombre identificado como Matías González, quien reconoció haber cometido el delito de tenencia y distribución.

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El Ministerio Público Fiscal y el defensor penal público -que asistió al imputado- solicitaron la aplicación de un procedimiento abreviado para el hombre  que reconoció haber cometido tres hechos investigados a raíz de un alerta internacional por tenencia de material de abuso infantil.

El imputado, tras ser consultado por el juez interviniente, aceptó ser el autor de los delitos, como también la calificación legal enrostrada y la aplicación de tres años de prisión en suspenso más cumplir determinadas reglas de conducta.

De esta manera, y al renunciar las partes a los plazos procesales, el hombre se encuentra cumpliendo la pena desde la semana pasada.

La calificación legal por la que fue condenado es la de “tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años (primero y segundo hecho) en concurso real con distribución de imágenes de abuso sexual infantil (tercer hecho)”, según los Artículos 128 primer, segundo y último párrafo, 45 y 55 del Código Penal.

En relación a las reglas de conducta, por el mismo período de tiempo de la condena, el imputado deberá fijar y mantener su domicilio actualizado, no podrá mudarse sin dar aviso previo, debe presentarse cada tres meses en el IAPL. Además debe acreditar haber realizado un curso en derecho de la niñez y/o violencia de género. Si el hombre no cumple con las reglas impuestas, la condena se volverá de cumplimiento efectivo.

Entre las cuestiones propuestas por la fiscalía, se determinó que lo secuestrado no sea devuelto a su dueño, sino que fue donado al Gabinete de Criminalística, esto es: un celular, dos pendrive, un disco duro, una tablet, una memoria externa.

La investigación fiscal se inició luego de un reporte de la organización Nacional Center for Missing and Exploited Children, a través de un convenio que tiene dicha ONG con la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y éste a su vez con el Ministerio Público de Río Negro.

Intervinieron en el legajo la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTel) dependiente de Procuración General, el Cuerpo de Investigación Judicial de la policía de Río Negro, y personal policial para concretar los allanamientos donde se secuestraron los dispositivos y se verificó la existencia del material buscado.