Los cuatro profesionales condenados por la millonaria estafa a la obra social provincial de Río Negro Ipross, Sandra Fassano (9 años y seis meses de prisión), Fabio Caffaratti (8 años y 6 meses), Rodolfo Mastandrea (8 años de prisión) y Raúl Mascaró (6 años y seis meses) no cumplirán con prisión preventiva de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal, pero sí deberán cumplir con nuevas pautas de conducta. Entre los fundamentos para rechazar el pedido, los jueces se refirieron a las falencias detectadas en el funcionamiento de esos dispositivos de control.

Sandra Fassano y Fabio Caffaratti, sobre quienes recayeron las condenas más altas, tendrán que realizar presentaciones diarias en sedes judiciales de Allen y Roca respectivamente, a las 8 de la mañana, para dar cuenta de su situación. Mastandrea y Mascaró harán presentaciones diarias y dos veces al día: a las 8 y a las 20.

Si bien el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella el martes hicieron el reclamo para que se dicte la preventiva por considerar que había riesgos de fuga, los magistrados por unanimidad no hicieron lugar. La causa tramitada a partir del 2019 se refiere a la defraudación contra la administración pública, cometida por los condenados.

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El Tribunal de Juicio, integrado por la jueza Laura Pérez, que preside la audiencia este miércoles y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido, desestimaron el pedido formulado el martes por los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, junto a Federico Rosbaco (este último por la Fiscalía de Estado y hoy presente en la audiencia a través de la plataforma Meet) modificando las medidas cautelares, pero no aceptando la prisión preventiva.

Uno de los puntos fuertes del pedido de preventiva formulado por las partes acusadoras fueron las fallas detectadas en el funcionamiento de las pulseras electrónicas que utilizan los condenados por disposición de los jueces. Los representantes del MPF señalaron el martes que en una oportunidad se perdió el control de una tobillera durante 12 horas.  Al respecto los jueces se refirieron a las falencias detectadas en el funcionamiento de esos dispositivos de control.

Cabe recordar que Mascaró, Mastandrea y Fassano mediante su abogada han expresado que las tobilleras sufren falencias. Sobre ellos los magistrados dijeron «claramente resultan circunstancias que tienen que advertir para extremar los recaudos para mejorar los dispostivos que tienen como único objetivo cuidar el riesgo procesal» dijeron los magistrados.

Vila, en representación de Caffaratti, dijo que su asistido no interpondrá recurso y ofreció prisión domiciliaria. Espeche en tanto refirió que no varió la medida cautelar y que no se han registrado modificaciones. 

De este modo el Tribunal no hizo lugar a los fundamentos de los fiscales manifestados el martes quienes se  basaban en: la capacidad económica de los condenados «para sustraerse del accionar de la justicia» y citaron como ejemplo el caso de uno de los ellos que ofreció 500 millones de pesos a modo de reparación económica.  

También detallaron el hecho de que han solicitado permisos para viajar a Buenos Aires y salir al exterior. Espeche y Vila rechazaron el planteo por considerar entre otras cosas que sus defendidos siempre estuvieron sujetos a derecho y se presentaron en todas las instancias judiciales requeridas. Espeche fue muy crítica al decir que «los dispositivos colocados el 4 de julio (tobilleras) no funciona o es ineficiente».

 

La cautelar fijada hoy establece 

Este caso es uno de los mayores fraudes contra el Estado provincial en las últimas dos décadas. Fue considerado un caso complejo, ya que el tribunal de Viedma se trasladó a Roca para llevar a cabo la audiencia, algo poco habitual en el ámbito judicial provincial, por lo que conlleva más tiempo su resolución.  

Según lo explicado en las audiencias, el monto del daño causado, por el cual se le impusieron las penas, en su última actualización según lo expuesto por la Fiscalía en los alegatos de clausura, es de 4.100.000.000 de pesos, enfatizando en la cantidad de víctima contando entre estas a la totalidad de los afiliados de Ipross que se vieron perjudicados, directa o indirectamente, por esta estafa millonaria.