La semana que viene se realizará el juicio por administración fraudulenta contra un ex intendente de la región y su secretario de Gobierno. Germán Epul, titular del Ejecutivo municipal de Cinco Saltos entre 2015 y 2019, y el ex funcionario Diego Palacios, están imputados de haber direccionado una licitación pública para comprar adoquines, en beneficio de una empresa particular.

El juicio se llevará adelante en tres jornadas, entre el miércoles y el viernes, entre las 8.30 y las 10.30, y las 14.30 y las 15.30.

La maniobra – según la fiscalía -, consistió en camuflar el pliego de licitaciones para direccionarlo en favor de una empresa. Esta no estaba inscripta entre los proveedores municipales y tampoco tenía como objeto social la venta de adoquines.

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Además, la firma que resultó ganadora no dio cuenta de la calidad de los materiales según las normas IRAM, siendo este uno de los requisitos que disponía el propio pliego. En la licitación se presentaron otras dos empresas, que si bien cotizaron los costos en un monto mayor, efectivamente cumplían con todos los requisitos previstos en la normativa municipal.

Para los representantes del Ministerio Público, el ex jefe comunal abonó los materiales incumpliendo las ordenanzas locales toda vez que los pagos debían realizarse contra entrega de los adoquines. En conclusión, según la acusación, la empresa adjudicataria, que se denominaba Nalozano S.R.L, no realizó la entrega en la cantidad y la calidad estipulada produciendo un perjuicio millonario para el Municipio de Cinco Saltos.

La fiscalía adelantó que convocará a juicio a 16 testigos entre los que se encuentran ex funcionarios municipales, referentes de la empresa Nalozano y policías que intervinieron en la investigación. Además, se deberán analizar múltiples documentos municipales que acreditan los pagos realizados y la normativa legal comunal.

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Durante la investigación también fue imputado el presidente de la empresa Nalozano, pero fue sobreseído. El hombre prestó una declaración de descargo y explicó la maniobra desarrollada por los representantes municipales indicando que mediante presiones y engaños, lo llevaron a participar de la licitación y adquirir una maquinaria para fabricar adoquines.

Operativamente, nunca se alcanzó la calidad del producto requerida y finalmente la empresa se fundió, principalmente por esta operación comercial. Según indicó el hombre, la maquinaria finalmente quedó en poder de uno de los imputados.