En el juicio que se sigue al ex intendente de Cinco Saltos, Germán Epul, y el secretario de Obras Públicas, Martín Palacios, la fiscalía tuvo que investigar el proceso que derivó en la estafa cometida en perjuicio del municipio. “Alrededor de 100 millones de pesos a valores actuales”, dijo el fiscal jefe, Gustavo Herrera. De ese análisis, pudo sostener que la maniobra fue preparada y llevada adelante por Palacios, sin la participación de Epul.

Por esa razón desestimó la imputación “por el beneficio de la duda”, o lo que es lo mismo, por no tener suficientemente acreditada la responsabilidad del ex jefe comunal.

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Pero la situación de Palacios es diferente: “sabía el costo de los adoquines, que se producían en Comodoro Rivadavia y el costo del transporte. Tenía el poder de la información y tuvo el dominio del hecho, pergeñó un llamado a licitación, invitó a su socio (el titular de la empresa Nalozano) y así fue como adjudicaron la compra de adoquines”, sostuvo Gustavo Herrera, fiscal jefe a cargo de la acusación.

También expuso la falsificación de actas para permitir la participación de Nazolano y el hecho de que el mismo Palacios finalmente quedara en poder la planta adoquinera adquirida para esta oportunidad. Además, los productos no fueron entregados.

Herrera apuntó que en el pliego de licitación redactado por Palacios no se contempló “una sanción por la mora en la entrega de los adoquines”; y le indicó al empresario la oferta que debía realizar en la licitación para ganarla.

“Antes de ganar la licitación, Nalozano no tenía una antigüedad en el mercado ni una solvencia económica suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato, por lo que no es un incumplimiento contractual, es una estafa”, aseveró. Agregó que el acta de apertura de sobres fue falseada por el imputado y que para dar apariencia de legalidad agregó que el ganador de la licitación había entregado las certificaciones de normas IRAM de los adoquines cuando eso no era verdad.

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Epul comenzó a tomar intervención recién con la adjudicación. El fiscal Herrera puntualizó que de las pruebas rendidas en el debate quedaban dos dudas: la primera es si Epul fue engañado por Palacios y la segunda es si el engaño fue lo suficientemente elaborado para no advertirlo. Ambas situaciones están relacionadas y el fiscal insistió en que existieron actas falsificadas para dar apariencia de legalidad al procedimiento administrativo y que las mismas fueron realizadas por Palacios.

El Tribunal que interviene en el juicio adelantó que dará a conocer su veredicto el día lunes 10/06 a las 12:30 horas.