En un fallo que ha generado controversia, el juez federal Hugo Greca condenó a siete integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu a penas de prisión en suspenso por la usurpación de tierras en Villa Mascardi, un conflicto que data de 2017.

Entre los condenados, se encuentran seis mujeres y un hombre, mientras que la líder espiritual de la comunidad fue absuelta, dado que era menor de edad en el momento de los hechos. Esta decisión marca un nuevo capítulo en un conflicto que ha perdurado durante casi siete años.
 
Las penas varían de dos años a dos años y seis meses, y la mayoría de los imputados deberá cumplir con medidas de control y fijar domicilio. El juicio, que inició la semana pasada, estuvo cargado de tensiones y acusaciones, tanto por parte de los defensores como de la comunidad, quienes denuncian un “show político” en el que se busca estigmatizar al pueblo mapuche. En particular, se cuestionó el rol del Estado y la violencia ejercida durante el desalojo de 2017.
 
La machi Betiana Colhuan, quien fue absuelta, aportó un testimonio significativo al ser escuchada como «amicus curiae», destacando la conexión profunda de su comunidad con el territorio en disputa. Su declaración subrayó que la ocupación no se trataba de una búsqueda comercial, sino de un vínculo cultural y ancestral con la tierra. Este punto ha sido central en la argumentación de la defensa, que sostiene que la resolución del caso debería orientarse hacia una mayor comprensión intercultural.
 
A medida que avanza este juicio, las voces a favor de los derechos de los pueblos originarios cobran fuerza, cuestionando la narrativa oficial y demandando un enfoque más inclusivo en la política territorial del país. La condena, lejos de cerrar el capítulo, parece abrir un nuevo frente en la lucha por la visibilización y el reconocimiento de los derechos mapuches en Argentina.

En un fallo que ha generado controversia, el juez federal Hugo Greca condenó a siete integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu a penas de prisión en suspenso por la usurpación de tierras en Villa Mascardi, un conflicto que data de 2017.

Entre los condenados, se encuentran seis mujeres y un hombre, mientras que la líder espiritual de la comunidad fue absuelta, dado que era menor de edad en el momento de los hechos. Esta decisión marca un nuevo capítulo en un conflicto que ha perdurado durante casi siete años.
 
Las penas varían de dos años a dos años y seis meses, y la mayoría de los imputados deberá cumplir con medidas de control y fijar domicilio. El juicio, que inició la semana pasada, estuvo cargado de tensiones y acusaciones, tanto por parte de los defensores como de la comunidad, quienes denuncian un “show político” en el que se busca estigmatizar al pueblo mapuche. En particular, se cuestionó el rol del Estado y la violencia ejercida durante el desalojo de 2017.
 
La machi Betiana Colhuan, quien fue absuelta, aportó un testimonio significativo al ser escuchada como «amicus curiae», destacando la conexión profunda de su comunidad con el territorio en disputa. Su declaración subrayó que la ocupación no se trataba de una búsqueda comercial, sino de un vínculo cultural y ancestral con la tierra. Este punto ha sido central en la argumentación de la defensa, que sostiene que la resolución del caso debería orientarse hacia una mayor comprensión intercultural.
 
A medida que avanza este juicio, las voces a favor de los derechos de los pueblos originarios cobran fuerza, cuestionando la narrativa oficial y demandando un enfoque más inclusivo en la política territorial del país. La condena, lejos de cerrar el capítulo, parece abrir un nuevo frente en la lucha por la visibilización y el reconocimiento de los derechos mapuches en Argentina.