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Condenado por abuso sexual suma causas por privación ilegítima de la libertad y corte de ruta, en Roca

Condenado por abuso sexual suma causas por privación ilegítima de la libertad y corte de ruta, en Roca

El futuro del dirigente de la ahora casi desaparecida Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Báez, resulta todavía más incierto tras conocerse que en en el ámbito de la Justicia Federal se tramitan otras dos causas; una por un corte de ruta y la otra por privación ilegítima de la libertad en contra de una funcionaria de un organismo nacional. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria cumpliendo una pena de 4 años por la unificación de dos procesos; uno de ellos por abuso sexual.

Es que en la esfera del ámbito de la Justicia Federal, las dos causas contra el exintegrantes de la CTA Autónoma van tomando forma de manera acelerada.

Según trascendió en las últimas horas, desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron el procesamiento no sólo de Miguel Báez sino también de Claudia Reyes y Zulma Dávila por distintos delitos ocurridos entre el 3 de abril y el 26 de julio de 2019. En la primera jornada marcharon a la delegación de Desarrollo Social de la Nación ubicada en Alsina 767 donde dañaron el edificio con pintadas, y también intimaron a los vecinos para desactivar las cámaras de seguridad.

En el segundo día, los referentes de ODEL, CTA y MAP «coordinaron y dirigieron de manera conjunta a un grupo de aproximadamente 30 personas», indica la solicitud efectuada por la fiscalía. Una vez que llegaron otra vez a las mismas oficinas, instigaron a los manifestantes para que «interrumpan y ocupen» de manera ilegítima la delegación. «…infundiendo temor, suscitando tumulto y desórdenes en todo el lugar y sus adyacencias», según se indicó en el escrito. El reclamo incluyó también la rotura de una reja de ingreso.

De Báez, desde la fiscalía indicaron que pateó la puerta, insultó, escupió y amenazó a un empleado administrativo.

Pero tal vez el hecho más grave ocurrió el 11 de abril de 2019 cuando Báez coordinó y dirigió una protesta a la casa de Miriam Saigg quien era la titular del ministerio de Desarrollo Social en Roca. En la vivienda ubicada en Isidro Lobo casi Mendoza, la intimidaron e infundieron temor sobre su persona y sobre su familia para obligarla a renunciar y exigir la entrega de bolsones de alimentos. Pintaron paredes con aerosol, produjeron roturas en el inmueble además de una serie de amenazas que recibió a través de la red social Facebook.

El 26 de julio, tanto Báez como Reyes coordinaron y dirigieron a un grupo de personas identificadas con pecheras de ODEL, MAP y CTA para que «irrumpan y ocupen de manera ilegítima» las dependencias del mismo ministerio, donde cortaron el tránsito y organizaron una olla popular. Los dirigentes siguieron con su accionar hasta el 30/7 donde «se apersonaron en el lugar nuevamente con un grado de mayor hostilidad, e impidieron la atención al público». Para toda esa organización se valieron de un vehículo Mercedes Benz Sprinter.

Desde el MPF señalaron que todo se encuadra en el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas (artículo 141 y 142 inc. 1 del C.P), daño agravado en función de tratarse de bienes de uso público (artículo 183 y 184 inc. 5 del C.P.) atentado y resistencia a la autoridad (arts. 237, 238 inc.2 y 4 y 239 del Código Penal). A partir de los hechos, el fiscal solicitó tomar indagatoria a las tres personas apuntadas en la investigación; Miguel Báez, Claudia Reyes y Zulma Dávila. Según el código, sólo el delito de privación ilegítima de la libertad contempla una pena que va desde los 2 a los 6 años de prisión.

Elevación a Juicio


Desde el Ministerio Público Fiscal también solicitaron la elevación a juicio de Miguel Báez por un corte de ruta ocurrido el 13 de mayo de 2019 desde las 10 y hasta las 13:30. El dirigente «coordinó y dirigió a un grupo aproximado de 50 personas identificadas con pecheras de ATE-CTA para que interrumpan y ocupen de manera ilegítima la cinta asfáltica en Ruta 22 y Vintter».

Se le imputa el delito de «entorpecimiento de transporte terrestre (art. 194 de C.P.) instigación a cometer delitos (art 211 del C.P.) por los que deberá responder en calidad de autor. El código establece una condena que va desde 1 mes a los dos años de prisión.

Báez ya se encuentra cumpliendo una condena de 4 años en su domicilio por un ingreso violento al edificio de la Municipalidad de Roca y por un abuso sexual simple. También tiene un proceso pendiente por el delito de «turbación de la posesión en carácter de instigador (en los términos de los artículos 45 y 181, inc. 3° del Código Penal», que prevé una pena que va desde los 6 meses a los 3 años de prisión. Es por el violento ingreso de los referentes de su organización a la sede central del diario Río Negro que había publicado las denuncias que pesaban en contra del mano derecha -por ese entonces-del titular de ATE, Rodolfo Aguiar.


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(Gentileza lacomuna)

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