Aplicando la Ley Nacional N°14.346 y reconociendo al perro Byron como un sujeto no humano de derechos y como una víctima de un acto de crueldad, un juez penal de Roca impuso la pena de cuatro meses de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta al joven que mató al can de una patada, en la zona céntrica de Roca.

La defensa pública había solicitado para el imputado la aplicación de la pena mínima, que es de 15 días de prisión en suspenso. El juez Maximiliano Camarda no hizo lugar al pedido y afirmó: “el contenido de antijuridicidad material de lo desmedido, violento y dañino de su accionar es lo que me lleva a apartarme del mínimo legal solicitado por la defensa del imputado”.

El juez, tampoco valoró como suficientes los fundamentos de la fiscalía para solicitar una pena de siete meses de prisión en suspenso ni de la parte querellante para requerir la pena máxima legal de un año de prisión y que, además, la misma sea de cumplimiento efectivo.

“Teniendo presente los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena, como así también el fin resocializador de la misma, entiendo ajustado a los hechos y al derecho imponer al imputado la pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso”, definió el fallo.

En el juicio se acreditó que Byron, un perro de raza Terranova que era negro y de gran tamaño, falleció a causa de un desgarro en el hígado provocado por una patada que le dio el joven de 20 años, la noche del 21 de septiembre de 2020 en la zona céntrica de Roca.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, el imputado caminaba con su novia y una amiga por la plaza de calle Mitre casi Avenida Roca. Una de las jóvenes llevaba con una correa a su cachorro de pequeño porte cuando Byron, que había escapado de su casa ubicada a aproximadamente 8 cuadras del lugar, se les apareció “desde atrás”.

El derecho de los animales

Este tipo de situaciones históricamente no eran materia de intervención para el sistema judicial en general y para el sistema penal en particular. Pero desde hace algunos años el Poder Judicial de Río Negro viene adecuando sus procesos, perspectivas y abordajes para tutelar los derechos de los animales, a tono con un nuevo paradigma que se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, a la que adhirió la provincia por una ley especial.

“Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre”, dice esa Declaración. También señala que “el desconocimiento y desprecio” de esos derechos “han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales”.