La Cámara Federal de Argentina ha confirmado el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la denominada «causa de la mesa judicial», en la que era investigado junto a varios exfuncionarios de su gobierno por supuestamente presionar a jueces para obtener fallos favorables.

El tribunal, conformado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, respaldó la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien había sobreseído a los acusados en enero. Esta confirmación del sobreseimiento es porque ‘no se encontraron pruebas de la existencia de una «mesa judicial» ni de la práctica de «lawfare» denunciada por el kirchnerismo’.

En la denuncia presentada se aseguraba que funcionarios del gobierno de Macri visitaban o se comunicaban con jueces para influir en sus decisiones, luego denunciándolos en los medios o en organismos de control. Sin embargo, los jueces de la Cámara Federal no encontraron indicios suficientes para sostener estas acusaciones. En su fallo, los camaristas señalaron que ‘no se pudo demostrar la existencia de una asociación criminal o una acción coordinada para presionar a los jueces’. Además, destacaron que denuncias penales, críticas en los medios y acciones políticas son actos que, aunque pueden tener repercusión, no son delitos ni pueden interferir en el trabajo de los magistrados.

Según informa el diario La Nación, la figura de la «mesa judicial» fue utilizada por el kirchnerismo como argumento para denunciar persecución política durante el gobierno de Macri. La causa investigó supuestas maniobras de presión a altos funcionarios judiciales, como la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y el juez federal Alejo Ramos Padilla, entre otros.

Los camaristas remarcaron la importancia de la libertad de expresión y el control ciudadano sobre los funcionarios públicos. Consideraron que limitar o castigar este tipo de exposición implicaría una restricción al derecho amparado por la Constitución Nacional y los pactos internacionales. Para los magistrados, la hipótesis de una conspiración para atacar a miembros del Poder Judicial se desvanece y no se condice con los hechos presentados por la fiscalía, a quienes acusaron de construir una narrativa ficticia para satisfacer intereses políticos.