El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia que declaraba la prescripción de la pena de un prófugo por homicidio culposo. Consideró que su rebeldía impedía la extinción de la pena. La decisión involucra a Jorge Chechile, que protagonizó un siniestro vial que terminó con la vida de Paola Acuña en el año 2007. La condena fue de tres años y cinco meses de prisión, además de diez años de inhabilitación para conducir, por su responsabilidad en un siniestro vial con resultado de muerte y múltiples lesiones.

El caso conmocionó a la comunidad de General Roca en 2007, cuando Chechile, conduciendo a alta velocidad y sin la licencia correspondiente, impactó con su vehículo contra otro en el que se encontraba Paola Acuña, quien falleció en el acto. A pesar de ser condenado en 2012, Chechile logró evadir la justicia y se mantiene prófugo desde 2014.

En 2024, la madre del condenado, asistida por un abogado, solicitó la prescripción de la pena. Argumentó que había transcurrido el tiempo suficiente para extinguir la condena. El ex Juzgado Correccional aceptó el pedido: declaró extinguida la pena y levantó la captura.

El Ministerio Público Fiscal y los querellantes apelaron esta decisión ante el STJ. Afirmaron que la prescripción de la pena no se podía aplicar mientras el condenado estuviera en rebeldía. La Fiscalía sostuvo que Chechile había eludido deliberadamente la acción de la justicia y que, según la ley, en esas circunstancias no es posible computar los plazos a su favor para extinguir la condena.

El STJ, en una decisión unánime, aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y anuló la sentencia que extinguía la pena. Subrayó que la rebeldía de Chechile impide que se considere el plazo de prescripción de la pena. Además de la jurisprudencia propia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citó el artículo 144 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), que ordena suspender el proceso y reservar el legajo hasta que “el rebelde comparezca, por propia voluntad o por la fuerza”.

En consecuencia, el STJ anuló la sentencia del Juzgado Correccional y reenvió la causa a Roca para que se mantenga la suspensión del proceso hasta que el condenado sea capturado o se presente voluntariamente ante el Poder Judicial.

El fallo del STJ se basa en jurisprudencia nacional e internacional que establece que los prófugos no pueden beneficiarse de la prescripción de la pena mientras se mantengan ocultos de la justicia. Al respecto, el tribunal destacó que «quien se sustrae voluntariamente de la acción de la justicia carece de derecho para impetrar, ante la autoridad que él ha desconocido, el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude».   

El caso de Paola Acuña

El 25 de marzo de 2007, Paola Acuña estaba con un grupo de jóvenes en la intersección de las calles Estados Unidos y España. En ese momento, Jorge Chechile, quien conducía a 100 kilómetros por hora según el fallo del juez Gatti, impactó contra otro vehículo que circulaba por la derecha, provocando la muerte de Paola y heridas a tres jóvenes más.

Aunque no se pudo confirmar que manejaba en estado de ebriedad, es importante señalar que, antes de la llegada de la policía esa madrugada, Chechile fue trasladado al Sanatorio Juan XXIII —donde su madre trabajaba como médica— y se le realizó la extracción de sangre siete horas más tarde.

En septiembre de 2012, Chechile fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir, y un año después el STJ ratificó la condena. Sin embargo, desde el 2014 decidió evadir su responsabilidad y huyó de Roca. Algunas versiones indican que podría estar en Brasil o Uruguay, pero hasta la fecha no se ha logrado dar con su paradero.