Un proceso judicial interminable; pericias varias; la angustia de ver cómo la vivienda propia se iba deteriorando como efecto de la construcción de un edificio en el terreno aledaño. La familia roquense tardó más de 10 años en llegar al final del camino pero finalmente logró una reparación monetaria. La Cámara Civil de Apelaciones fijó una indemnización de 2,6 millones de pesos más intereses por los daños. Pero le agregó un concepto adicional: el pago de 600.000 pesos por el daño moral que sufrieron.

Además, durante el juicio se tuvo que determinar quién era el responsable de la construcción del edificio de cinco pisos en pleno centro roquense y, en consecuencia, de los daños en la casa familiar. Porque por un lado estaba la institución propietaria del inmueble; por otro, la empresa constructora. Y como tercero y partícipe, la aseguradora de la constructora. Una cadena de actores que lo único que consiguió fue complejizar el asunto y demorar la solución.

Ahora, la justicia determinó que la indemnización deberá ser pagada por la institución propietaria. Pero al mismo tiempo, declaró “responsable” de los daños a la constructora. Ahora se viene un nuevo juicio: de la institución a su empresa contratada por los daños y perjuicios ocasionados. Se habilitó un reclamo por la devolución de 1,7 millones de pesos más los intereses.

Durante la causa, se pudo dilucidar las complicaciones de la vida de la familia afectada: antes de salir de su casa debían “cubrir las camas” por los desprendimientos habituales; sufrieron contratiempos cotidianos por la rotura de las cloacas y cargaron con la angustia de pensar en abandonar la casa propia.

Los padecimientos de quienes veían desmoronarse la casa que habían habitado durante más de 25 años fueron contemplados más allá de los daños materiales, y por eso la sentencia fijó una condena de 600.000 pesos más intereses por daño moral.

En ese rubro, el fallo contempló el relato de personas allegadas a la familia, quienes describieron cómo “la casa se iba hundiendo” y cómo desmejoraba día a día la calidad de vida de sus habitantes. También se contempló como daño moral “el largo proceso que han debido soportar, con defensas articuladas (por las demandadas) que luego no tuvieron su prueba concreta”.

La familia ha “soportado más de diez años desde el inicio de la obra, de la alteración de su ritmo habitual de vida; siendo ya personas mayores soportaron el maltrato tanto durante la obra como luego de finalizada esta, por el destrato llevado a cabo por las partes responsables de la obra; tanto propietario como constructora”, recalcó el fallo. La sentencia dio especial peso a las fotos y videos que mostraban el comportamiento de los albañiles: caminaban por el techo de los vecinos, dejaban caer allí residuos de la obra, depositaban elementos de construcción y hasta cargaron sobre el techo una máquina mezcladora.

A lo largo del proceso se habilitaron diversas instancias de conciliación que no llegaron a ningún acuerdo.  

En cuanto a los daños materiales, el fallo de primera instancia se guió por las pericias que demostraron los costos totales de reparación de la casa, a valores actualizados, y fijó una indemnización en ese rubro superior a los 2,6 millones de pesos.

La sentencia inicial, dictada en el Juzgado Civil N° 1 de Roca, fue objeto de varios recursos por parte de la constructora y la aseguradora. Finalmente esta semana, tras vencer los plazos acordados para tratar de alcanzar un acuerdo conciliatorio, la Cámara Civil de Apelaciones de Roca fijó en 1,7 millones de pesos, más intereses, el daño que los dueños del edificio podrán reclamar a los responsables de la construcción en lo que se conoce como “juicio de repetición”.