Se realizó hoy en Viedma una nueva audiencia en el marco de la causa conocida como «Techo Digno», en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) reiteró que debe ser el Poder Judicial rionegrino el ámbito en el que se dirima esta cuestión.

Tal respuesta surge a partir del pedido expresado por uno de los abogados, en este caso defensor de intendentes y ex intendentes municipales – Damián Torres- quien interviene en legajos correspondientes a diversas circunscripciones.

En Viedma, la instancia se desarrolló hoy con idénticos planteos a los esgrimidos en General Roca la semana pasada.  Su actuación judicial como defensor está vinculada a los fondos del plan federal de viviendas por parte de los municipios.

Lo que pide Torres es que traslade a la Justicia Federal. Este letrado patrocina a los exintendentes de San Antonio, Javier Iud y Luis Ojeda, de Cervantes en el caso del ex intendente Gilberto Montanaro y de su hija Claudia, actual jefa comunal, entre otros de los señalados en la acusación.

También fue coincidente el argumento del MPF para oponerse a una eventual incompetencia aludiendo a que ésto ya ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia y que “no existe en el planteo realizado hoy ningún elemento que permita apartarse de ese precedente fijado por el máximo tribunal federal”. Recordó asimismo que este mismo pedido ya fue rechazado en la segunda circunscripción por el Juez de Garantías interviniente.

En este caso, el representante fiscal, Juan Pedro Peralta, enfatizó en que los fondos ingresaban al patrimonio de cada uno de los municipios sin perjuicio del control final de las rendiciones que era realizado por Nación. Dijo que los municipios tenían a su cargo la disposición de los fondos siendo incluso los intendentes quienes firmaban los cheques de pago.

Agregó en el debate que existieron incluso casos en que, con ellos, los mandatarios locales constituyeron plazos fijos cuyos intereses devengados se usufructuaba localmente. 

Recordó que más de 10 jueces, incluyendo al Superior Tribunal de Justicia (STJ), intervinieron en diversas incidencias de este legajo penal sólo en la primera circunscripción y que al momento de resolver no manifestaron ninguna inquietud relacionada con la incompetencia. “Con esas intervenciones se ratificó la competencia ya que ninguno lo puso de manifiesto antes de resolver lo cual constituye una manda legal”.

Posteriormente, el Juzgado de Garantías, a cargo de Juan Brussino, informó que la resolución a tal pedido se notificará en el término de ley y le será notificada a las partes, en tanto su par de General Roca Julio Martínez Vivot desestimó la competencia rionegrina.