El pasado 22 de mayo, organizaciones sociales bloquearon la Ruta Provincial 6, a la altura del puente de Paso Córdoba en Roca, en protesta por la falta de asistencia alimentaria por parte del gobierno.

La medida afectó directamente a los camioneros que trasladan arena desde las canteras del sur del río Negro hacia Vaca Muerta, en una acción que enmarcaron bajo el lema «El pueblo pasa, las petroleras no».

Por esta causa, hoy el Ministerio Público Fiscal imputó a siete personas el delito de “normal circulación del transporte por tierra”, hecho que habría sucedido en mayo pasado, sobre Ruta provincial 6, en el comienzo del puente conocido como “Paso Córdoba”.

Según la acusación fiscal, “el delito se concretó entre las 10:30 y las 16:30 aproximadamente, mientras que los y las imputadas se manifestaban y exigían mantener una reunión con personal del Ministerio de Desarrollo Humano de esta provincia”.

El grupo “se encontraba sobre la Ruta provincial 6, en el inicio del puente Paso Córdoba, junto a otras personas -aún no individualizadas-, que se alternaban y habrían impedido deliberadamente con su accionar el paso normal de vehículos de transporte por tierra y personal, relacionados al rubro de la explotación del petróleo. Tras haber realizado entrevistas, la fiscalía sostiene que tanto el personal petrolero como particulares se habrían visto impedidos de ingresar a la ciudad de General Roca como de cruzar el puente en la dirección contraria”, describió el fiscal del caso.

“También entorpecían el normal funcionamiento del tránsito de los vehículos particulares y comerciales, al disponer deliberadamente cortes intermitentes durante el lapso de tiempo señalado, cuestión que impedia la normal circulación”, agregó la fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se tuvieran por formulados los cargos por “impedimento y entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”, siendo las siete personas co-autoras.

Por su parte, la Jueza de Garantías interviniente resolvió, tras un cuarto intermedio establecido el pasado viernes 9 de agosto, tener por formulada la acusación tal como la realizó el Ministerio Público Fiscal.

En relación a las medidas cautelares solicitadas esta mañana, informó que las siete personas imputadas deberán fijar y mantener domicilio, del que no podrán ausentarse sin dar aviso a sus defensores o a la fiscalía, y además tienen la prohibición de salida del país sin previa autorización de la jueza de Garantías.

Las organizaciones sociales mantienen su reclamo

Una de las imputadas, Claudia Reyes, pertenece a la Federación Nacional Territorial (FeNaT) de la CTA Autónoma y se refirió a la causa que es investigada y avanza en la justicia: «Es una avanzada de la provincia contra los movimientos sociales, queda claro que el gobierno es alumno de Milei».

«Es lamentable y patético lo del sistema judicial, nosotros seguimos con las familias en los barrios sin poder llevarles alimentos mientras perdemos tiempo en esto, deberíamos estar sentados en una mesa trabajando nosotros y el gobierno para darle solución a estas personas en una situación de crisis» apuntó la referente.