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Cuáles son los tres jueces de la Corte Suprema en contra del DNU

Cuáles son los tres jueces de la Corte Suprema en contra del DNU

Durante su discurso en la AynRandCon 2024, el presidente Javier Milei hizo una sorprendente revelación relacionada con la Corte Suprema de Justicia. Según el mandatario argentino, al menos tres jueces de la máxima autoridad judicial tienen la intención de rechazar el mega DNU 70/2023.

Aunque este comentario pasó casi desapercibido en el momento, esta afirmación de Milei refleja la preocupación del Gobierno hacia los jueces de la Corte Suprema. Ahora, numerosos indicios apuntan a los posibles integrantes que el presidente hace referencia.

Tras el rechazo del Senado al DNU 70/23, Milei propuso a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos para ocupar un puesto en la Corte Suprema. Sin embargo, Lijo es cercano a Ricardo Lorenzetti y es resistido por los tres jueces restantes que conforman la mayoría para emitir fallos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Estos datos arrojan luz sobre la situación desde la Casa Rosada. Aunque Maqueda debe dejar su lugar en diciembre al cumplir 75 años, y además está el cargo vacante tras la salida de Elena Highton de Nolasco en 2021, el adelanto del proceso de nombramiento busca desestabilizar la solidez de la mayoría que lidera el tribunal, la cual parece no estar totalmente de acuerdo con la dirección elegida por el oficialismo.

Sin embargo, por el momento, la Corte Suprema no tratará las causas individuales que impugnan el DNU en tribunales inferiores, ya que eso ocurrirá una vez que se complete el proceso legislativo. Por tanto, el decreto en su totalidad solo será debatido cuando se haya discutido su validez en la Cámara de Diputados, pero aún no hay una fecha definida para ese debate.

La incertidumbre sobre el destino del DNU 70/2023 se incrementa a medida que se revelan más detalles sobre la posible oposición de tres jueces de la Corte Suprema. El Gobierno sigue monitoreando de cerca la situación y busca asegurar su respaldo en el máximo tribunal para garantizar la aplicación de sus políticas.


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