La Cámara Segunda del Trabajo de Roca declaró nula una resolución de la Jefatura de Policía del año 2015 que dio de baja a una suboficial porque su rendimiento se vio afectado por ser víctima de violencia doméstica y de género por parte de su pareja. 

El Tribunal ordenó a la institución que la reincorpore a su puesto y fijó para la mujer una indemnización por daño moral superior a los dos millones de pesos.

Según se acreditó, la mujer aprobó el curso de formación policial y comenzó a prestar servicio en una comisaría del Alto Valle Este. El primer año de trabajo, según la normativa de la Policía, debe ser calificado y aprobado por los superiores para que el o la agente puedan continuar en la función policial de manera definitiva. En este caso, el año de evaluación de la joven mujer estuvo signado por gravísimas situaciones de violencia doméstica y por la dificultad de ser madre de una beba en esas circunstancias, sin redes familiares de apoyo. 

En uno de esos episodios de violencia, el hombre ingresó a la casa de la mujer, encontró su arma reglamentaria y tras amenazar a ella y a la beba, se suicidó. En respuesta, la Policía le inició un sumario por “negligencia” en el cuidado de la pistola. También la sumariaron por un altercado que protagonizó con un familiar del hombre fallecido y por haber presentado una carta manuscrita al Gobernador de la Provincia pidiendo ayuda por su situación.

Cuando llegó el momento de la evaluación anual, que definió su “baja” del servicio, los informes valoraron en contra de la mujer todas las consecuencias derivadas de la violencia que había sufrido, como los sumarios, las inasistencias y licencias -todas anteriores al suicidio- y el rendimiento inferior al de sus compañeros.

Luego del suicidio, tras un informe negativo recomendó no confirmarla en el puesto porque presentaba “condiciones desfavorables”, sin considerar atenuantes. La Resolución del Jefe de la Policía que en enero de 2015 dispuso la expulsión.