En una cadena de eventos que generó gran preocupación, el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, fue denunciado ante la ONU por obstruir los juicios de lesa humanidad en el país.

La legisladora Victoria Montenegro, de Unión por la Patria, fue quien solicitó la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, argumentando que el desmantelamiento del área encargada de investigar los crímenes de la última dictadura entorpece gravemente las investigaciones judiciales y el acceso a la verdad.

Además, consideró que «al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias», y dejó en claro que desmantelar esa área “impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general«.

“La construcción de la memoria colectiva es esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, añadió.

Actualmente, Argentina cuenta con 17 procesos judiciales en trámite y 62 causas con requerimiento de elevación a juicio por crímenes de la última dictadura militar. Además, se estima que aún hay centenares de perpetradores por identificar y restos de víctimas por encontrar. La preocupación de Montenegro y otros sectores de la sociedad radica en que el Gobierno de Milei estaría buscando obstaculizar el avance de estos juicios, poniendo en riesgo la justicia y la verdad.

Por su parte, el fiscal federal Miguel Palazzani también se pronunció sobre la situación y solicitó a Petri que evite tomar medidas que puedan poner en riesgo el acervo documental de las Fuerzas Armadas. Esto es especialmente relevante considerando la importancia de contar con pruebas y evidencias para garantizar el correcto desarrollo de los juicios y lograr justicia para las víctimas y sus familias.

Cabe destacar que a finales de marzo, 10 de los 13 trabajadores del área encargada de los juicios de lesa humanidad fueron despedidos. Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, denunció además la intención del Gobierno de derogar las resoluciones que habían creado dicha área. Los equipos de relevamiento y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas habían sido fundamentales en las investigaciones durante catorce años, realizando más de 170 informes en las causas de lesa humanidad.

Ante este panorama preocupante, el pedido de intervención de la ONU y las denuncias contra Petri pretenden resguardar los avances alcanzados en la justicia argentina y garantizar el acceso a la verdad y la memoria colectiva.