Fueron dos fallos presentados en el Poder Judicial donde sostuvo que la Resolución que lo echaba de la fuerza era nula. Cuando fue cesanteado cursaba una enfermedad incapacitante, por lo que podrá cobrar los salarios no percibidos desde su despido. 

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“Inició su relación laboral como integrante del personal policial de la Provincia, debiendo rendir satisfactoriamente un examen de aptitud psico-físico. En el curso de su carrera policial fue ascendido en varias oportunidades con notas sobresalientes, obteniendo distinciones de mérito y diplomas de honor” destaca el fallo.

El hombre ingresó a la Brigada de Investigaciones División Toxicomanía, donde desarrolló tareas que le valieron varios reconocimientos, manteniéndose plenamente capacitado para su labor, acreditando como auxiliar superior operativo para la lucha contra el tráfico ilícito de droga.

Sin embargo, y luego de diez años en la fuerza, fue “aprehendido por personal policial de la Comisaría Tercera, al protagonizar un accidente de tránsito, no estando en cumplimiento de sus funciones”.

A raíz de aquel episodio se inició una causa penal que, poco después, resultó desestimada por “insignificancia procesal” y se instruyó un sumario administrativo disciplinario en la Jefatura de Policía. 

Esto concluyó con el dictado de una Resolución y, en el año 2011, se lo declaró cesante. Se lo acusó de estar ebrio y de haberse resistido a la autoridad, pero ninguna prueba científica lo comprobó.

Un año antes de que se dictara la cesantía, la Junta Médica Provincial había dictaminado que el policía padecía un 70% de incapacidad laboral por una enfermedad psiquiátrica. Ambas sentencias favorables al trabajador destacaron que el trámite de retiro por invalidez quedó trunco por la cesantía y que eso alteró “el orden normal y previsible de las cosas”.

Tras agotar todas las instancias administrativas, años después el policía inició una demanda judicial que derivó en un fallo de la Cámara Laboral Segunda de Roca a su favor. Ese Tribunal anuló la cesantía tras declarar que existió una “irrazonable discrecionalidad por parte del Tribunal de Disciplina”. Luego, por la apelación de la Jefatura, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia.

El máximo Tribunal recordó que la Provincia no apeló ante el STJ la porción de la sentencia que decretaba la nulidad de la Resolución de cesantía y que ordenaba su retiro por incapacidad o bien, si su salud lo permitía, su reincorporación al servicio. De esa manera, la nulidad quedó firme.

Entonces, la cuestión a definir tenía que ver con los salarios caídos desde el momento de la cesantía hasta su efectiva reincorporación o jubilación. El STJ recordó “la doctrina legal vigente en la materia, de acuerdo a la cual no corresponde -como regla- el pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público -aún dado ilegítimamente de baja- y su reincorporación”.

Sin embargo, en este caso específico se justificó una excepción a aquella regla porque “resulta innegable que al momento de su cesantía el actor gozaba de licencia remunerada por enfermedad, renovada sin interrupciones, y con dictamen médico de incapacidad, en un grado tal que habilitaba su pase a retiro, tal como lo dispone la normativa vigente”, dice la sentencia.

El máximo Tribunal tuvo en cuenta que “al momento de disponerse su baja el agente se encontraba en uso de licencia por enfermedad, con diagnóstico médico de incapacidad total, y sin obligación -por ello- de prestar servicios, por lo que resulta procedente el pago de los salarios caídos desde la cesantía”.