A solo días de conmemorar el 9° aniversario de las movilizaciones del Ni Una Menos, el Gobierno anunció el despido de más de 500 trabajadoras de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Estas medidas, que entrarán en vigencia a partir del 30 de junio, reducirán drásticamente el personal encargado de aplicar los programas para prevenir la violencia hacia las mujeres.

La notificación de los despidos sorprendió a las trabajadoras, quienes habían depositado esperanzas en la nueva titular de la Subsecretaría, Claudia Barcia. Con una extensa trayectoria en el Ministerio Público Fiscal y experiencia en el ámbito de la violencia de género, su designación provocó cierto optimismo entre las empleadas, quienes aspiraban a continuar con los programas de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas. No obstante, fue la propia Barcia quien anunció la reducción del 80% de la plantilla a finales de junio.

En un comunicado, las trabajadoras denunciaron un «vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género» por parte del gobierno. Además, alertaron que, una vez implementada la reducción, la Subsecretaría contará con apenas 100 empleadas, las cuales no dispondrán de un espacio físico adecuado para desempeñar sus labores diarias.

Este organismo tiene entre sus responsabilidades la aplicación y fiscalización de leyes fundamentales para la protección de las mujeres, como la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, la Ley de Identidad de Género y la Ley Micaela. Su reducción tendría un impacto significativo en la lucha contra la violencia de género en el país.

Estos despidos se suman a la preocupante estadística de femicidios en Argentina. Un relevamiento realizado por el observatorio «Ahora que sí nos ven» reveló que durante los primeros cuatro meses del 2024 se registraron un total de 78 femicidios, lo que representa un caso cada 37 horas. Este estudio también pone en evidencia las falencias en el sistema judicial, ya que en 14 casos existía denuncia previa y en 7 casos había una medida judicial en contra del agresor.

En relación a los femicidios, el informe señala que un 32,1% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que el 29,5% tuvo lugar en un hogar compartido entre la mujer y su agresor. Asimismo, un 11% ocurrió en la vía pública y un 6,4% en la casa del agresor. En cuanto al vínculo con el agresor, un 45% de los casos eran parejas, un 23% eran ex parejas, un 9% eran familiares y un 3% eran conocidos.

La provincia de Buenos Aires encabeza la lista como el distrito con más femicidios, registrando 34 casos, lo que representa el 43% del total nacional. Le sigue Santa Fe con 7 casos, y Chaco y Mendoza con 5 casos cada uno. Además, el informe revela que se produjeron 80 intentos de femicidio y 2 transfemicidios o travesticidios.

Ante estas cifras alarmantes y los despidos masivos en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, surge la preocupación por el futuro de la lucha contra la violencia de género en el país.