Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en los primeros cinco meses de la gestión de Javier Milei, más de 20.000 personas han sido desvinculadas de la planta estatal a nivel nacional. Esto representa una disminución del 6,2% en el empleo público, pasando de 343.353 empleados en noviembre a 322.250 en abril.

Del total de puestos de trabajo perdidos, cerca de 17.174 corresponden a la administración pública, mientras que unos 3.909 pertenecen a empresas o sociedades del Estado. Estos datos confirman el ajuste que ha planteado el gobierno libertario, que busca reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia en su funcionamiento.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos despidos solo reflejan una parte de la situación, ya que no se incluye en el informe el empleo público de los municipios y las gobernaciones. Además, el sector privado también se ha visto afectado de manera significativa, con la pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo entre diciembre y marzo, especialmente en el sector de la construcción, que ha sufrido la suspensión de obras públicas.

Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado una segunda revisión de los contratos estatales, que entrará en vigor a partir del 30 de junio. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, esta revisión será necesaria para evaluar el funcionamiento de diferentes áreas del Estado y determinar si están cumpliendo su función de manera eficiente.

Este ajuste en la planta estatal genera preocupación entre los trabajadores y sindicatos, quienes temen por los efectos negativos que pueda tener en la economía y el empleo en el largo plazo. Sin embargo, desde el Gobierno se argumenta que esta revisión es necesaria para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, en busca de un Estado más moderno y ágil.