Se llegó hasta esa instancia luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca anulara el procedimiento por considerarlo “arbitrario”. Sin embargo, el máximo tribunal penal determinó que existía un estado de sospecha suficiente que justificaba el procedimiento realizado por la policía provincial. 

Una mujer conducía un auto con pedido de secuestro y fue interceptada por la policía

El hecho que derivo el procedimiento ocurrio el 20 de septiembre de 2022, cuando agentes de la fuerza de seguridad provincial realizaban un control vehicular y de identificación de personas sobre el kilómetro 859 de la ruta nacional 22. Los efectivos procedieron a detener la marcha de un vehículo Renault Sandero, en el cual viajaban los cuatro individuos que luego serían imputados.

En este marco, los agentes solicitaron la documentación del rodado y la licencia habilitante y el conductor del vehículo adujo que no poseía la cédula de identificación del automotor por haberla extraviado.

En este contexto, se les requirió la apertura del baúl, luego de lo cual se les halló una planta de cannabis sativa de 53 centímetros de altura. A partir de ello, los agentes requisaron de urgencia el vehículo, en el que encontraron 366 gramos de marihuana distribuidos en seis frascos de vidrio y dos bolsas de nylon.

El fallo de casación

En su recurso de Casación, la fiscalía había señalado que la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca había privado «de validez al procedimiento cumplido por agentes de la Policía de Río Negro y consecuentemente al secuestro de narcóticos, aun cuando se contaba con el correspondiente respaldo legal, que regula el accionar de la policía y fuerzas de seguridad, con contenido claro y conciso». El recurso fue sostenido en la instancia de revisión por el fiscal general Mario Villar.

Al momento de resolver, los jueces de casación sostuvieron que la cámara roquense desatendió “el plano fáctico surgido del control vehicular encomendado a la prevención, lo que evidencia la carencia de fundamentación del auto recurrido”, y señalaron que “la nulidad decretada por la cámara no hace más que vaciar de contenido a la labor prevencional de los agentes a quienes se les encomendó el control vehicular y de los pasajeros de forma aleatoria y general”.

En línea con el recurso de la fiscal Frezzini, los integrantes del máximo tribunal penal precisaron que “el accionar preventivo se vio justificado por todas las circunstancias previas que rodearon al hecho, por lo que no se advierte que se haya conculcado durante el procedimiento garantía constitucional alguna”. De esta manera, la resolución indicó que el procedimiento no puede “ser tachado en lo absoluto de arbitrario o ilegal al haber sido realizado bajo los parámetros legales exigidos”.

De acuerdo con los jueces de casación, «existió desde el punto de vista de un observador objetivo un estado de sospecha suficiente que justificó el procedimiento llevado a cabo. Así, la requisa fue realizada en el ejercicio de la función específica que la ley asigna a las fuerzas de seguridad, de prevenir el delito. En consecuencia, cabe señalar que las circunstancias de autos apuntadas por el a quo [la Cámara Federal de General Roca] para declarar la nulidad recurrida no resultan atendibles”.