Nada bueno surge cuando las personalidades violentas transitan las calles nutridas por la sensación de impunidad.

Ese andar bajo su propia ley, desconociendo derechos de terceros y haciendo de la intimidación o los golpes el lenguaje predilecto para expresarse, termina con desbordes como los ocurridos en Roca la semana pasada.

Dos factores principales aparecen cuando se explora el camino de la Organización de Desocupados en Lucha, responsable del violento ataque contra la libertad de expresión en el edificio del diario RÍO NEGRO, donde se edita también LA COMUNA.

El germen sindical es inocultable. Un rápido repudio, un desmarque rápido y el análisis de una posible expulsión de ese grupo de las filas de la CTA Autónoma no alcanzan para tapar casi 10 años de convivencia, incentivos y respaldos al referente Miguel Báez.

La otra causa es externa y tiene que ver con los responsables de poner límites claros y contundentes a esos perfiles pendencieros, con una marcha visible al margen de la ley desde hace más de cinco años.

Si pudieron verlo autoridades municipales, provinciales y nacionales, que denunciaron en forma reiterada las amenazas y agresiones de Báez y su grupo; si pudieron verlo periodistas, que padecen no desde la semana pasada sino desde hace años los hostigamientos; si pudieron verlo los propios militantes de la CTA, que advirtieron en tribunales no sólo los desmanejos con la ayuda alimentaria recibida desde el Estado sino también conductas abusivas hacia mujeres… ¿cómo es posible que el Poder Judicial haya ofrecido tantas oportunidades para que el titular de ODEL evite sanciones importantes?

Haber compartido procesos con altos dirigentes gremiales sin dudas benefició a Báez y ese entramado de relaciones que habitualmente permite licuar procesos penales podría ser un buen punto de partida si alguien del Poder Judicial decidiera analizar esta historia con sentido autocrítico.

El problema que enfrenta ahora el Estado es que no se trata de Báez, de ODEL, de un periodista o de un medio de comunicación.

El desafío es emitir señales claras, haciendo saber a quien corresponda que no da igual debatir las diferencias con golpes y gritos que con palabras.

Y se trata de una misión urgente, porque en la misma semana que atacaron un diario, aparecieron pintadas prometiendo balas para dos periodistas y para un abogado.

No hay elementos para conectar los dos episodios. Incluso es factible pensar que los responsables de ambos hechos no comparten siquiera sus ideas políticas.

Pero sí coinciden en una convicción: lo distinto debe ser eliminado, anulado, corrido del medio.

Eso es lo que convierte en peligroso el escenario. Y no sólo para la prensa.

Hoy son periodistas y abogados los que ellos entienden que estorban su camino. Mañana pueden ser médicos, docentes, comerciantes…

¿Es la ciudad en la que queremos vivir?

Por eso, el reclamo para que termine esa sensación de impunidad con la que transitan las calles no debería ser sólo de los damnificados de hoy.

Preservar el respeto y la convivencia democrática es una responsabilidad colectiva y no hay margen para hacerse el distraído.

Por Hugo Alonso [email protected]