En medio del ajuste económico que promueve el gobierno de Javier Milei, las personas con discapacidad han sido afectadas por una actualización de sus prestaciones que no se ajusta a la realidad inflacionaria del país.

A través de la Resolución Conjunta 3/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad informaron un incremento del 12% en las prestaciones básicas por discapacidad, retroactivo al 1° de abril.

Sin embargo, este ajuste se encuentra muy por debajo de la evolución de la inflación, lo que significa una pérdida significativa para las personas que dependen de estas prestaciones. Es importante recordar que estas ayudas son esenciales para cubrir los costos de tratamientos médicos, terapias y equipamiento específico que requieren las personas con discapacidad.

Además, en la resolución se establece un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, el cual será aplicado a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica. Esta medida apunta a compensar las dificultades económicas que enfrentan las personas con discapacidad en dicha región, debido a los altos costos de vida.

Sin embargo, este incremento adicional es considerado insuficiente por parte de diferentes organizaciones y personas con discapacidad, quienes señalan que la suma total sigue sin cubrir las necesidades básicas y los gastos asociados a su condición.

Esta actualización de las prestaciones por discapacidad se enmarca en la política de ajuste económico implementada por el gobierno de Javier Milei, la cual busca reducir los gastos del Estado y licuar los ingresos de diferentes sectores de la población. Esto ha generado preocupación y malestar entre las personas con discapacidad y sus familias, que ven cómo día a día se dificulta aún más el acceso a los recursos necesarios para su bienestar y desarrollo pleno.

Ante esta situación, diversas organizaciones y agrupaciones de personas con discapacidad están llevando a cabo acciones de visibilización y reclamo, exigiendo al gobierno una revisión de las prestaciones y una adecuación acorde a las necesidades actuales. Es fundamental garantizar los derechos de estas personas y asegurar una calidad de vida digna, brindando los recursos necesarios para su inclusión y desarrollo en la sociedad.