Hoy se cumple un nuevo aniversario de un golpe de Estado que buscó transformar de raíz la organización social y económica de la Argentina. Hace 46 años, las tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se desplegaron por todas las provincias del país. Y sin pudor, amenazaban que todo el territorio nacional se encontraba “bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas”.

El golpe fue planificado hasta el mínimo detalle; había comenzado a gestarse incluso antes de la asunción del gobierno de Héctor Cámpora en marzo de 1973. Un asalto al poder que no dejó rincón sin rastrillar ni oficina sin ocupar. En Buenos Aires, la Casa Rosada, el Congreso, el Poder Judicial y los principales medios de comunicación fueron rápidamente intervenidos. En La Plata, el influyente gobernador bonaerense Victorio Calabró fue detenido; sin importar sus vinculaciones con la derecha argentina.

En Río Negro, el poder militar se distribuyó rápidamente por toda su geografía. La noche anterior, el entonces joven ministro de Gobierno Oscar Albrieu y un colega de gabinete habían escuchado los rumores del golpe. Fueron a la residencia del gobernador, Mario Franco, para avisarle. El caudillo peronista, probablemente enterado, movió la cabeza como diciendo que ya no había tiempo ni posibilidades de resistir. “Vayan a dormir que mañana va a ser un día complicado”, cuentan que les dijo. Y vaya que lo fue: a las 6 de la mañana un comando fue a buscarlo para llevarlo a una prisión militar. El general de brigada Néstor Caselli se hacía cargo del despacho. Durante la democracia, este interventor fue condenado a cinco años de prisión por el delito de torturas contra dos dirigentes sindicales de Sierra Grande.

La primera etapa del asalto al poder y ocupación de todos los resortes del poder, fue llevada adelante por las fuerzas operacionales que había en cada territorio. Por eso en los primeros días, desde la gobernación hasta el último municipio fueron intervenidos por el Ejército. Pero el país había sido “feudalizado” y repartido entre las distintas fuerzas. Río Negro le tocó a la Armada y en abril llegó uno de sus hombres, el contralmirante retirado Aldo Bachman.

En General Roca un peronista era el presidente del Consejo Municipal. Oscar Olivera, que había sido un referente gremial, fue electo concejal y luego de la renuncia de Arturo Perez Petit (provocada por un conflicto prolongado con el personal municipal), tuvo que asumir la presidencia. En ese rol lo encontró la tropa desplegada por el coronel Fernando Zárraga, quien decidió detener a todos los ediles y funcionarios de extracción justicialista. Otro pelotón se dirigió hasta los estudios de LU18 – entonces en la calle Maipú -, propiedad de la familia Cozzi. A punta de fusil, les “solicitaron” que se conectaran a LRA Radio Nacional. De allí en más y durante varios días, sería la única transmisión autorizada.

Sobre el rol del diario Río Negro en los primeros años de la dictadura hay diferentes versiones. Carlos Galván, por entonces jefe de la Agencia Neuquén, afirma que la empresa aceptó un código de autocensura antes que someterse a la censura directa que le reclamaba la intervención militar. Otro referente periodístico de la época, Ricardo Villar, desconoció esas presiones y aseguró que nunca hubo un trato con la dictadura.

Un análisis de contenidos del diario efectuada por el periodista e investigador Fabián Bergero, mostró que la empresa periodística tuvo dos etapas: uno de aceptación de la situación; una segunda, a partir de 1978, cuando empezó a ser más crítico y a denunciar las violaciones a los derechos humanos. También es reconocible el rol que tuvo el diario protegiendo a sus periodistas ante las amenazas que recibieron por parte de los grupos paramilitares que operaban con absoluta libertad. Jorge Gadano, el mismo Galván, Julio Alberto Salto, fueron algunos de los trabajadores del diario que debieron exiliarse.

Zárraga tuvo un breve paso por Roca: apenas tres meses, lapso que le resultó más que suficiente para campear a sus anchas y dejar un rastro de miedo. En junio, lo reemplazó Sergio Díaz y el coronel regresó a la zona de Bariloche. Allí, diversos testimonios lo ubican como el jefe de Inteligencia y de operaciones. Además, ejerció como director de la radio LU8 de Bariloche y fue jefe de la policía provincial.

En Roca se denunciaron dos detenidos desaparecidos: Leopoldo Cristian Vodopovidez, en abril de 1978; y Juan Mateo Nieto, en junio del mismo año.

Pero el golpe terrorista de 1976 buscó mucho más que hacerse del gobierno, intervenir la educación, los medios de comunicación, la justicia y todo lo que significase una opción de organización social. También se ocupó de acelerar una reconversión económica de enormes dimensiones. En la región, se impulsó la intervención sobre cooperativas de productores. Y se puso el objetivo también sobre el Banco de Río Negro y Neuquén, una institución financiera de capitales regionales que fue llevada al límite de su resistencia, intervenida y finalmente quebrada en forma dolosa, según lo relató el abogado Eves Omar Tejeda en su libro “Pasión y muerte del Banco”.

El régimen de terror duró seis años. Los números no alcanzan a contener tanto dolor. Fue un proyecto de ingeniería social que se propuso limitar las futuras democracias, impedir la organización social, e imponer un modelo económico exportador concentrado. Hoy, 46 años después, cuando muchos testigos de aquellos años siniestros ya no están; cuando aparecen voces que intentan justificar aquel proyecto, bien vale recordar las consecuencias trajo. Para ratificar un compromiso: Nunca Más.