Semanas atrás, el magistrado Gastón Martín recibió una denuncia por una joven que no forma parte de su entorno. La jueza de Familia, Angela Sosa, dispuso una serie de medidas preventivas: entre ellas prohibición de acercamiento e impedimento de contacto por cualquier vía.
 
La denuncia fue realizada en noviembre, bajo la Ley 3040 en la Comisaría de la Familia de Roca, que se remitió al juzgado de Familia, y estableció la prohibición de acercamiento, y al día de hoy se mantienen vigentes. Tanto la Defensa Pública como el Equipo Técnico Interdisciplinario están involucrados en el proceso.
 
El juzgado de Familia dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario para entrevistar tanto a la denunciante como al denunciado. La Defensa Pública asignó un defensor oficial a la víctima, mientras que Martín contrató un abogado particular. Este último niega conocer a la denunciante y califica los hechos como falsos.
 
Martín ya había sido sancionado en 2019 por descalificaciones verbales hacia una funcionaria judicial, según una denuncia presentada por Rita Custet Llambí, quien ahora es jueza del Tribunal de Impugnación. En el pasado, Martín también había negado los cargos y afirmado que su abogado había presentado la documentación correspondiente.
 
Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de una evaluación rigurosa de los magistrados para garantizar la integridad y confianza en el sistema judicial de los ciudadanos, garantizar la integridad y la confianza en el sistema judicial es esencial para preservar los derechos y la justicia que merece la comunidad.

Semanas atrás, el magistrado Gastón Martín recibió una denuncia por una joven que no forma parte de su entorno. La jueza de Familia, Angela Sosa, dispuso una serie de medidas preventivas: entre ellas prohibición de acercamiento e impedimento de contacto por cualquier vía.
 
La denuncia fue realizada en noviembre, bajo la Ley 3040 en la Comisaría de la Familia de Roca, que se remitió al juzgado de Familia, y estableció la prohibición de acercamiento, y al día de hoy se mantienen vigentes. Tanto la Defensa Pública como el Equipo Técnico Interdisciplinario están involucrados en el proceso.
 
El juzgado de Familia dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario para entrevistar tanto a la denunciante como al denunciado. La Defensa Pública asignó un defensor oficial a la víctima, mientras que Martín contrató un abogado particular. Este último niega conocer a la denunciante y califica los hechos como falsos.
 
Martín ya había sido sancionado en 2019 por descalificaciones verbales hacia una funcionaria judicial, según una denuncia presentada por Rita Custet Llambí, quien ahora es jueza del Tribunal de Impugnación. En el pasado, Martín también había negado los cargos y afirmado que su abogado había presentado la documentación correspondiente.
 
Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de una evaluación rigurosa de los magistrados para garantizar la integridad y confianza en el sistema judicial de los ciudadanos, garantizar la integridad y la confianza en el sistema judicial es esencial para preservar los derechos y la justicia que merece la comunidad.