En un boliche de Villa Regina se presentó una situación donde se violentó a un ciudadano por parte de la policía, a causa de lo ocurrido el estado deberá indemnizar a la víctima.

Todo comenzó cuando un hombre, de 53 años, se presentó en el establecimiento bailable en busca de explicaciones por una agresión que esa misma madrugada había sufrido su nieto.

Los golpes que recibió el chico derivaron en una causa penal por vejaciones, en la que fueron imputados varios de los policías que estaban esa noche custodiando el boliche.

Según trascendió, el sujeto llegó alterado e insulto a los efectivos policiales que estaban en el lugar y como respuesta a los insultos, recibió un empujón por parte de uno de los oficiales de la policía, lo que generó que el hombre cayera por las escaleras del boliche y sufriese una fractura que le dejó una incapacidad laboral irreversible.

Las pericias medicas confirmaron que el hombre quedó con una “limitación funcional evidente” en la muñeca y el dedo pulgar izquierdo, de carácter irreversible. Mientras que las pericias psicológicas aseguraron que quedó con secuelas e indicadores de perturbación emocional que han “repercutido en distintos ámbitos de su vida, incluido particularmente el laboral”.

El responsable del empujón que recibió el hombre, perteneciente a las fuerzas policiales, no fue identificado hasta el momento. Aun así, el Estado Provincial deberá indemnizar al hombre por una prestación defectuosa del servicio de seguridad.

Según se detalló la sentencia, la Provincia “no alega, ni mucho menos acredita que el actor se encontrara cometiendo delito alguno. Como así tampoco invocan una peligrosidad en el actuar del hombre que requiriese la intervención policial a la manera en que se efectuó, empujándolo por las escaleras”. Por lo que se responsabiliza al Estado por una falla en la prestación de un servicio público, según explicó en su fallo el titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Roca.

Así también, el juez analizó los limites en las facultades policiales a fin de mantener el orden y seguridad pública, resaltando los limites constitucionales en no dañar al otro. Por lo que en la sentencia se indicó que el incumplimiento injustificado del deber de no dañar.

“Es deber del Estado velar adecuadamente por la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes, y por ello los daños injustificados a los ciudadanos provocados por los agentes policiales, en ocasión y ejercicio de sus funciones, deben ser reparados”, afirmó el juez.

El fallo, destacó que si bien el hombre no estuvo bien, la respuesta del oficial de policía no cumplió con su deber y el accionar del servicio de seguridad pública resultó irregular, defectuoso y contrario a derecho.