El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra la actual conducción de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). El motivo radica en un contrato de $800 millones firmado con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) para la provisión de asesoramiento, suscitando sospechas de defraudación contra la administración pública.

El contrato investigado por el fiscal establece que la OISS debe promover mecanismos e instrumentos que optimicen el sistema de información y conocimientos de los distintos subsistemas de seguridad social. No es la primera vez que ANSES firma este tipo de convenios. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el exorbitante incremento del costo, que se disparó 26 veces en comparación con gestiones anteriores, alcanzando la cifra de 800 millones de pesos. Asimismo, este colosal aumento se da en un contexto de escasez de recursos estatales.

El fiscal resaltó que los $800 millones equivalen a cerca de 4.000 jubilaciones mínimas, un dato que subraya la gravedad del presunto fraude. Incluso calificó estas acciones como defraudación por administración fraudulenta, un delito contemplado en el artículo 174, inciso 5° del Código Penal.

Los antecedentes recientes de convenios entre ANSES y la OISS no justifican, según Marijuan, el aumento desmesurado del monto acordado. Los convenios firmados desde 2020 contemplaban pagos significativamente menores, desde 30 millones hasta 85 millones, sumas que ya habían suscitado renegociaciones y adendas. Esta situación empeora con el convenio firmado el 23 de abril de 2024, que fija un pago de 800 millones de pesos, una porción del cual, un 5%, está destinado a gastos operativos y administrativos.

La actual administración de ANSES, encabezada por Mariano de los Heros, está ahora bajo la lupa. Marijuan cuestiona la razón de delegar en un organismo externo tareas que, según él, la ANSES podría realizar internamente sin necesidad de costos adicionales. A la luz de estos hechos, considera esencial profundizar la investigación en el ámbito judicial para dilucidar cualquier irregularidad en la administración de los fondos públicos.