En un intento por reducir el gasto público ineficiente, el Gobierno avanza en el cierre de dos organismos estatales, dando como resultado 900 despidos y un ahorro de millones de pesos. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, los organismos afectados son el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

Adorni reveló que la decisión se basó en una revisión exhaustiva de los datos de ambos organismos y destacó que los hallazgos fueron «calamitosos y profundamente desoladores». Estos organismos empleaban a 964 trabajadores, pero a partir del cierre, se reducirá a solo 64 empleados.

Al respecto, Adorni señaló que el cierre de estos organismos significará una reducción de 900 puestos de «no trabajo», lo que supondrá un ahorro de 9000 millones de pesos. El funcionario también criticó el exceso de gasto público y la falta de eficiencia en la gestión de estos organismos. Según sus palabras, existían «160 delegaciones, dos sedes y uno de cada tres empleados eran delegados. Además, tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se destinaba a pagar sueldos, casi como una agencia de empleo político».

 

Esta medida se enmarca en la intención del ministro de Economía, Luis Caputo, de cerrar otros organismos y reducir el gasto público. Estos recortes también afectarán a la agencia de noticias Télam, el INADI y el PAMI.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue creado bajo la administración de Alberto Fernández a finales de 2022, y era dirigido por Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita del riñón de Emilio Pérsico. El anuncio de cierre de este organismo se produce en medio de una denuncia por parte del Ministerio de Capital Humano contra el ex secretario de Economía Social Emilio Pérsico, quien habría enviado fondos a dos cooperativas en las que también participaba durante su tiempo como funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

Estas medidas de ajuste acelerado en el sector público han generado polémica y han despertado críticas tanto por parte de los afectados por los despidos como por parte de diversos sectores de la oposición y organizaciones sociales.

La próxima semana se espera que se anuncien nuevas medidas de ajuste en el sector público, lo que aumenta la incertidumbre y la preocupación en el ámbito laboral y social.