El Gobierno pone en marcha una reforma integral de seguridad con el objetivo de combatir el crimen organizado de manera eficaz. El presidente Javier Milei y su gabinete presentaron un paquete de leyes en materia de seguridad, que abordan diferentes aspectos y proponen medidas contundentes.

Los proyectos, que ya fueron enviados al Congreso, incluyen una nueva «Ley Antimafias», la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la introducción del concepto de «reiterancia» y modificaciones en relación a la legítima defensa y el cumplimiento del deber por parte de los encargados de velar por la seguridad de los argentinos.

Uno de los pilares de la reforma es la implementación de la Ley Antimafias, que tiene como objetivo desmantelar las organizaciones criminales que operan en el país. Esta ley representa un cambio significativo en la forma en que se enfrenta el crimen, dejando atrás la estrategia de perseguir a los delincuentes de manera individual y adoptando un enfoque más integral. La ley contempla la aplicación de penas más severas para aquellos que sean parte de una organización criminal, sin necesidad de que hayan cometido un delito en particular.

Además, dentro de la reforma se propone la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal, con el fin de fortalecer las herramientas de identificación de los delincuentes. Esta medida se alinea con lo que se hace en otros países y permitirá contar con una base de datos actualizada y precisa que ayude en la resolución de casos.

Otro aspecto clave de la reforma es la introducción del concepto de «reiterancia». Esto significa que una persona puede ser considerada reincidente no solo si ha sido condenada previamente, sino también si ha cometido dos o más delitos de manera independiente. Esta medida busca reducir la impunidad y garantizar que los delincuentes sean castigados adecuadamente por sus acciones.

Por último, la reforma propone regular el tema de la legítima defensa y el cumplimiento del deber por parte de las fuerzas de seguridad. Se busca brindar respaldo legal a aquellos agentes que actúen en defensa propia o en protección de ciudadanos, evitando así que su carrera o libertad se vean comprometidas por cumplir con su función. Se recalca que la legítima defensa es un derecho de las personas y debe ser protegida.